Columna: Indicador Político Carlos Ramírez carlosramirezh@elindependiente.com.mx
La alineación de la derecha y ultraderecha republicanas en el discurso conservador mexicano contra el presidente López Obrador estaría desinflando la potencialidad de los ataques del establishment estadounidense en tanto que la ofensiva contra México responde a la campaña presidencial del expresidente Donald Trump y otros precandidatos republicanos para 2024.
Los últimos movimientos gubernamentales estadounidenses con México, sobre todo a propósito del levantón de cuatro estadounidenses en Matamoros, Tamaulipas, podrían interpretarse también como un apoyo institucional de la Casa Blanca para enfrentar la narrativa republicana en grado de invasión militar a México.
La semana pasada concurrieron una serie de expresiones del sector conservador estadounidense sobre México: el del exredactor de discursos de George Bush Jr., la intelectual neoliberal Anne Applebaum, los espacios del Financial Times para una declaración unilateral y unidireccional de Denise Dresser y un artículo cargado de adjetivos del analista Fareed Zakaria –atrapado ya en un plagio– en las páginas del The Washington Post configuraron un espacio político conservador en contra del presidente mexicano en el escenario conservador mexicano.
A nivel institucional, el exprocurador William Barr pidió, en una declaración que carece de toda racionalidad de quien tuvo un cargo de esa naturaleza, que los narcoterroristas mexicanos son más parecidos al ISIS musulmán que a la mafia americana que por cierto colaboró con las autoridades estadounidenses en asuntos políticos y electorales. Este posicionamiento coincidió con la iniciativa del representante republicano texano Dan Crenshaw que permitiera la presencia de militares estadounidenses en México para perseguir a miembros de los cárteles mexicanos que contrabandean droga y cuyo consumo en EU está dando cuenta de un promedio de 100,000 estadounidenses anuales fallecidos por sobredosis de droga, de manera sobresaliente el fentanilo procedente de México pero ingresado a Estados Unidos a través de la corrupción de las autoridades locales.
El presidente Biden y su equipo de seguridad nacional parecen tener clara la dimensión del problema de seguridad con México: migración descontrolada, tráfico de personas y contrabando de droga han sido en EU un problema estrictamente local; la última evaluación de la Estrategia Nacional para el Control de Drogas del Departamento de Estado tuvo que aceptar que la fuerte demanda en el mercado de consumo de drogas estadounidense provoca una violencia exacerbada en México, sobre todo por la competencia entre cárteles mexicanos para satisfacer la demanda de droga por parte del altísimo volumen de la población estadounidense consumidora de estupefacientes.
La precipitación republicana adelantó propuestas de última instancia como la de caracterizar a los narcos de terroristas o exigir un Plan Colombia como el de 1999 o un acuerdo militar EU-Colombia como el de 2009 para instalar bases militares en el país sudamericano con el pretexto de combatir el narcoterrorismo, pero en realidad como un muro político ante el expansionismo venezolana. Esa propuesta de Crenshaw no sería otra cosa que la llegada primero de asesores militares estadounidenses y luego de comandos especiales para operar temas de seguridad en México al margen de las fuerzas nacionales de seguridad.
México ha estado adelantando algunas decisiones para reconstruir su escudo de seguridad nacional, entre ellos la decisión no explicada por razones obvias de entregarle a la Secretaría de la Defensa Nacional el espacio aéreo, sobre todo si se recuerda que el Plan Colombia había conseguido introducir en la legislación local la política de cielos abiertos para que naves militares estadounidenses pudieran cruzar sin problemas. El acuerdo militar de Colombia fue detenido por la Corte Constitucional porque iba a permitir la subordinación del sector militar colombiano a Estados Unidos, la libre circulación de naves militares americanas sin inspección, autorización para portar armas de personal extranjero, en suma, la militarización estadounidense de Colombia.
Lo significativo de la ola de presiones de la derecha y ultraderecha republicana sobre México estuvo en la articulación de narrativas y discursos con los sectores anti López Obrador en México, sobre todo la oposición panista, cuyo dirigente Marko Cortés dijo que pronto el presidente López Obrador podría estar sentado en un banquillo como Genaro García Luna, el jefe policiaco del foxismo y secretario de Seguridad pública del presidente Calderón, encontrado culpable de trabajar para los narcos.
En los hechos, la ultraderecha republicana le dio el beso del diablo a la derecha mexicana.
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