- Comunidades mayas de Campeche, Yucata n y Quintana Roo alegan que en caso de acreditarse que el Estado no cumplió con su deber de obtener el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades, ya no sería posible restaurar sus derechos pues las obras del tren están avanzando
El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) dio a conocer que comunidades mayas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo ingresaron a tribunales una queja contra la negativa de los jueces a suspender las obras del Tren Maya tras más de dos años en juicio.
Aseguran que la decisión de no otorgar la suspensión en lo que se resuelve el litigio atenta contra sus derechos de acceso a la justicia, derecho a la información y al consentimiento a través de un proceso de consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada.
Además alegan que en caso de acreditarse que el Estado no cumplió con su deber de obtener el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades, ya no sería posible restaurar sus derechos pues las obras están avanzando.
Refieren que de acuerdo con el Observatorio de Deforestación Neta Cero, la construcción y entrada en operación del proyecto implicará un aumento en la deforestación de 9,786 hectáreas por año.
Las comunidades interpusieron este recurso a través del Cemda, que es el que los ha asesorado desde inicio de la lucha legal contra el proyecto.
Para efectos de la resolución que deberá emitir el Tribunal Colegiado en torno a la queja presentada, que la suspensión de oficio y la suspensión a petición de parte son figuras jurídicas diferentes, con requisitos, características, efectos y tramitaciones diversas.
“Insistimos en que, negar la suspensión a petición de parte dejará sin protección a las personas demandantes, con lo cual se estaría violentando su derecho de acceso a la justicia y los derechos en juego en el litigio”, añade el Cemda.
A nombre de las comunidades demandantes “hacemos un llamado a las Magistradas y el magistrado que integran el Tribunal Colegiado a basar su resolución considerando que los derechos que se estiman violados son de naturaleza previa. Esto quiere decir que, si se permite que las obras del Tren Maya continúen hasta que concluya el litigio, se habrá afectado ya el patrimonio natural, la tierra y el territorio en el que habita el pueblo maya y que constituye su forma de vida”. El Economista/Jesús Vázquez
