La mayoría de los más cercanos colaboradores del ex presidente están en el ojo del huracán; uno se encuentra prófugo y es buscado por Interpol
Infobae Foto: Cuartoscuro
Algunos de los aliados del ex presidente Enrique Peña Nieto están enfrentando el peso de la justicia acusados de presuntos actos de corrupción, otros se hicieron ojo de hormiga y están alejados de los reflectores políticos, uno está prófugo de la justicia, y los menos decidieron refugiarse en el gobierno de Alfredo del Mazo Maza, primo del ex mandatario. El actual presidente Andrés Manuel López Obrador calificó esa administración como corrupta.
Uno de los casos más conocidos en México es el de Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), y los millonarios pagos que recibió de la empresa brasileña Odebrecht durante el sexenio anterior. Actualmente se encuentra preso en España y ayer se dio a conocer en un giro inesperado, que el ex funcionario público aceptó ser extraditado a México para acogerse en una figura jurídica conocida como criterio de oportunidad. Esto significa que va a colaborar en las investigaciones a cambio de beneficios.
Pero oficialmente, el caso contra Lozoya se centra en la polémica compra que hizo Pemex de la planta de fertilizantes de Agronitrogenados, propiedad de Altos Hornos de México (AHMSA), por la que habría pagado por cerca de 500 millones de dólares cuando estaba valuada en unos 50 millones de dólares, una suma que, según los analistas, estaba drásticamente inflada y provocó pérdidas millonarias a la petrolera.
Rosario Robles, la ex titular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) se encuentra presa en el penal de Santa Martha Acatitla, acusada de haber fraguado la llamada “Estafa Maestra”, mediante la cual se desviaron más de 5,000 millones de pesos.
A raíz de la pandemia de coronavirus, Robles Berlanga buscó que le otorgaran prisión domiciliaria argumentando razones de salud para solicitar salir del reclusorio; sin embargo, el juez Alejandro Villar Ceballos del Centro de Justicia Penal de Reclusorio Sur resolvió en contra.
El ex director de la Agencia Central de Investigación (AFI, ya desaparecida), Tomás Zerón de Lucio, artífice de la llamada “verdad histórica” sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, se encuentra prófugo de la justicia.
Hasta 60 años de prisión, esa es la sentencia máxima que quiere la Fiscalía General de la República (FGR) para Zerón de Lucio, a quien quiere fincar acusaciones de tortura y hasta desaparición forzada; su escondite, sospecha la fiscalía, está en Estados Unidos, Belice o España. Aunque la FGR dice que ya lo tiene ubicado.
Tras encabezar las investigaciones, Jesús Murillo Karam fue el titular de la entonces Procuraduría General de la República (PGR, ya desaparecida), que aseguró que los normalistas fueron secuestrados por integrantes de la organización criminal Guerreros Unidos y posteriormente quemados en el basurero de Cocula, municipio de Guerrero, a lo cual le denominó “la verdad histórica” y dio por concluido el caso a pesar de que había diversas inconsistencias en pruebas y testimonios de varios supuestos involucrados.
Luis Videgaray, ex secretario de Hacienda, era el hombre más cercano al ex presidente Enrique Peña Nieto, tanto, que era considerado su mano derecha. Sus opiniones pesaban más que las de cualquier otro en el equipo cercano del ex mandatario.
El llamado “super secretario” tenía una injerencia inusitada dentro del gobierno del ex presidente priista, tanto que también se le conocía como “el vicepresidente”. Tras las investigaciones por la compra de Fertinal y Agronitrogenados por parte de Pemex, surgió el nombre de Luis Videgaray, quien habría estado detrás de la sugerencia de compra.
De acuerdo con el ahora ex abogado de Emilio Lozoya, Javier Coello, hoy en día, cualquier acto de corrupción en el gobierno de Peña Nieto debió muy probablemente pasar por las manos de Videgaray Caso, quien se encuentra alejado de los reflectores públicos.
Pedro Joaquín Coldwell, ex secretario de Energía, es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) por dar su aval para realizar la compra de la planta Fertinal en 2015 a un precio superior al real.
Coldwell respondió a los señalamientos que lo relacionan con una investigación que se realiza sobre la adquisición de la empresa Fertinal, y argumentó que al acusarlo sin pruebas se viola su derecho a presunción de inocencia.
Se vulnera el principio constitucional de la presunción de inocencia cuando se dan por verdad dichos no acreditados con pruebas o se distorsionan hechos que propician condenas sumarias no sustentadas en el debido proceso legal.
Miguel Ángel Osorio Chong, ex secretario de Gobernación ha sido señalado en Investigaciones periodísticas que lo señalan de triangulaciones de contratos por al menos 825 millones de pesos en el marco de la “Estafa Maestra”.
Lo anterior debido a que dos universidades, una televisora estatal y diversas empresas fantasma vinculadas al tema se encuentran en Hidalgo, entidad de la que fue gobernador y en donde su influencia política fue importante durante las fechas en que se cometieron los desvíos.
José Antonio Meade, fue también titular de Sedesol, y de la Secretaría de Hacienda y candidato presidencial del PRI para las elecciones de 2018, en las que quedó en un lejano tercer lugar. Se deslindó de los presuntos desvíos de recursos en la dependencia al afirmar que no tuvo conocimiento de ello.
Gerardo Ruiz Esparza, ex secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT) durante el sexenio pasado, murió en abril a los 70 años luego de haber sido internado por un infarto cerebral. Se le atribuyeron las fallas en la construcción del paso exprés en Cuernavaca que se hundió y causó la muerte de dos hombres: padre e hijo.
El ex funcionario estaba hospitalizado en el hospital ABC, en la Ciudad de México. Los intentos por salvarle la vida fueron insuficientes. Su muerte fue confirmada por el ex presidente Enrique Peña Nieto.
Luis Enrique Miranda Nava, cercano al ex presidente Peña Nieto, que en su sexenio se desempeñó como secretario de Desarrollo Social y subsecretario; y que actualmente es diputado al Congreso de la Unión, es investigado por los presuntos desvíos en Sedesol.
Eviel Pérez Magaña, sustituyó a Luis Miranda en Sedesol, y se deslindó de los presuntos actos de corrupción en la dependencia.
Virgilio Andrade Martínez fue nombrado el 3 de febrero de 2015 nuevo secretario de la Función Pública. Fue consejero electoral del entonces Instituto Federal Electoral (IFE, hoy INE) de 2003 a 2010, cargo en el que cobró notoriedad en la clase política.
Como titular de la SFP avaló la adquisición de la llamada Casa Blanca del entonces presidente Peña Nieto, a la postre su jefe, quien se la compró al contratista favorito de su gobierno, en medio del repudió de la oposición y de diversos sectores de la sociedad. Tampoco vio nada ilegal en la compra de una residencia en Malinalco por parte del entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray.
Señalado de ser cercano de los expresidentes Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, Eduardo Medina Mora protagonizó diversos escándalos a lo largo de sus más de 20 años de trayectoria política.
Sin embargo, Peña Nieto lo envió como embajador de México en el Reino Unido y en el 2015, el presidente lo postuló como candidato a Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) junto con Horacio Hernández y Felipe Barrera Fuentes, para sustituir al fallecido Sergio Vals. Medina Mora fue elegido por el Senado con 83 votos a favor.
En octubre de 2018, cuando Peña Nieto estaba en la recta final de su sexenio, Medina Mora otorgó a la Consejería Jurídica de la Presidencia un amparo que impedía a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGE) investigar o girar cualquier orden en contra del entonces mandatario o su gabinete. Es investigado por triangular millones de dólares en cuentas en el extranjero.
