La Jornada/Editorial
El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) ratificó la resolución de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que determinó la existencia de daño a la hacienda pública federal por 230 millones 77 mil 487 pesos en las obras de la Estela de Luz, que se edificó en el sexenio de Felipe Calderón. La sentencia establece que el ex funcionario Carlos Sánchez Gutiérrez deberá resarcir de manera mancomunada a la hacienda pública federal por pagos en exceso respecto del precio unitario de acero inoxidable, kilogramos de más pagados, desembolsos en demasía por conceptos de transporte y montaje, entre otras irregularidades.
El fallo de la sala superior de la TFJA confirma lo que la ciudadanía sabe desde la década pasada: que la obra con que Calderón conmemoró los 200 años de la gesta independentista y 100 de la revolucionaria únicamente estuvo marcada por la corrupción imperante en ese sexenio.
Cabe recordar que desde un inicio, el proyecto recibió críticas por su falta de pertinencia histórica, arquitectónica y urbanística, así como por el despilfarro con que se llevó a cabo. Con el paso del tiempo, se ha fortalecido la sospecha de que la construcción tuvo como propósito primordial el desvío de recursos a las manos de políticos panistas y empresarios afines: dos años antes de que se publicara la convocatoria para diseñar un Arco del Bicentenario (idea que fue dejada de lado sin explicaciones), ya se había creado un fideicomiso para manejar el dinero del proyecto y se le habían transferido más de mil 500 millones de pesos sin conocer al menos las características de lo que se habría de edificar. Una vez seleccionada la propuesta ganadora, se dijo que tendría un costo de 393 millones de pesos, pero a lo largo de los meses el contrato original se modificó en cuatro ocasiones para llevar el precio total a entre mil 100 y mil 300 millones de pesos, de acuerdo con diversos cálculos. Además de triplicar el gasto, en estos cambios contractuales se eliminaron espacios, plazas y una sala de exhibiciones que debían rodear a la estela. Pese a los recortes, el “monumento” se inauguró 13 meses después de los aniversarios patrios.
La Estela de Luz se ha convertido en emblema de la corrupción en el sexenio calderonista porque permanece erguida en el corazón del país, en una de las vialidades más transitadas y a la vista de todos. Sin embargo, en ese periodo se perpetraron desfalcos de envergadura mucho mayor contra el erario. Es ineludible mencionar la fallida Refinería Bicentenario, que debía construirse en Atitalaquia, Hidalgo, a unos kilómetros de la planta de Tula. Ahí, el gobierno de Calderón derrochó 620 millones de dólares (10 mil 900 millones de pesos al cambio actual) en adquirir terrenos, realizar estudios, nivelar el suelo y construir una barda perimetral para una obra que nunca se efectuó. Otro desvío, todavía más costoso, fue el esquema de privatización de reclusorios urdido por el ex secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, hoy preso en Estados Unidos por sus vínculos con el narcotráfico. Con la anuencia de su jefe, el ex policía firmó contratos abusivos que condenan al Estado a pagar hasta 2037 por la construcción y operación de ocho reclusorios de propiedad privada, cada uno de los cuales terminó costando 32 mil millones de pesos, un sobrecosto de 800 por ciento frente a los 4 mil millones en que los cifraba el discurso oficial.
De magnitud semejante fue el fraude efectuado mediante un contrato con la trasnacional española Repsol, a la cual se le pagaron 15 mil millones de dólares para comprar en Perú un volumen de gas natural licuado cuyo precio de mercado era de 6 mil millones. Para colmo, esta transferencia masiva de recursos públicos a la compañía ibérica requería construir una terminal de recepción para el hidrocarburo en el puerto de Manzanillo, cuyo costo también asumió el Estado. Las empresas a las que se entregó la obra fueron creadas poco antes de recibir la adjudicación. Este quebranto al erario se extendió entre los sexenios de Fox y Calderón, con un importe estimado en 30 mil millones de dólares.
En suma, la Estela de Luz es apenas la punta del iceberg de la corrupción del calderonato, un régimen surgido de la suciedad electoral, que quebrantó de manera sistemática los derechos humanos, hundió al país en una espiral de violencia cuyos efectos aún se padecen y cuyo norte fue el enriquecimiento ilimitado de una camarilla a expensas de los bienes nacionales.
