Señalan a regidora y funcionarios de Tulum de participar en el delito de despojo de un terreno de 179 hectáreas, propiedad de un adulto mayor, mediante la falsificación de documentos y en complicidad con servidores públicos.
En conferencia de prensa, el abogado Javier Tun detalló que don Cayetano Nieto Colín descubrió el presunto despojo del lote ubicado a pie de carretera, porque no tenía adeudos de su impuesto predial.
Indicó que este terreno se lo adjudicó mediante títulos de compra-venta falsos el Grupo Ferram, integrado por Andrés Millet González, Roberto Fitzmaurice Lubcke y Roger Alberto Evia González; además de las personas físicas Edgardo Alberto Díaz Aguilar, Roger Alberto Evia González y Andrés Oramas Rodríguez, Denis Alaín Jiménez Santos, Roger Alberto Evia González y Andrés Oramas Rodríguez, Sandra Irene González y Ana Yamilett Espinosa Ponce. Todos quedaron como dueños de 148 hectáreas de las 179 que le pertenecen a don Cayetano Nieto Colín.
El abogado agregó que como resultado de las investigaciones, resultó que Denis Alaín Jiménez Santos, uno de los “compradores” es esposo de la actual sexta regidora del Ayuntamiento de Tulum, Paulina Yadira Malpica Yáñez, quien es presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano, Ecología, Ambiente y Protección animal.
Como prueba de lo anterior mostró el acta de matrimonio, ahí se indica que se casaron el 19 de septiembre de 2020 y, ya bajo matrimonio, al momento de la “compra” se quedaron con cinco hectáreas con la supuesta escritura pública 774 del 1 de julio de 2022.
De acuerdo con la ampliación de la denuncia ante la fiscalía (folio 8144/2022), los servidores públicos violaron la ley estatal de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, además del presunto conflicto de intereses y falsificación, en una operación llevada a cabo cuando el actual alcalde, Diego Castañón, era el tesorero de la administración. Es decir, tenía a su cargo varias dependencias involucradas en las operaciones, entre ellas y la principal: catastro.
En la investigación también estaría involucrada la ex titular del Registro Público, Laila Flores, que habría operado su participación a través de Irene Cenicero González.
Finalmente, el abogado Javier Tun conminó al presidente municipal, Diego Castañón, a actuar conforme a la ley, por el bien de los ciudadanos, todos los funcionarios implicados deben renunciar, dijo, e insistirá para que comparezcan a declarar los servidores públicos.
