- De acuerdo con investigaciones fiscales y ministeriales, se descubrió que las 36 empresas transfieren millones de pesos a cuentas bancarias de los despachos de abogados que se acreditan como representantes legales y utilizan el sistema financiero para triangular el dinero.
En los expedientes abiertos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y del Servicio de Administración Tributaria (SAT), uno de los casos más relevantes y que ambas dependencias de la Secretaría de Hacienda guardan con mucho sigilo, es el del aspirante presidencial panista Santiago Creel Miranda, quien se niega a renunciar a la presidencia de la Cámara de Diputados para competir en igualdad de circunstancias con los otros candidatos y, en días pasados, al registrar su candidatura en el proceso interno del Frente Amplio por México, integrado por PRI, PAN y PRD, con lágrimas en los ojos llamó “desgraciado presidente” a Andrés Manuel López Obrador.
De manera fortuita, al investigar una red de 36 empresas que facturan operaciones simuladas (EFOS), la mayoría de ellas con sede en el municipio de Zapopan, Jalisco, el SAT y la UIF descubrieron que se trata de compañías fantasma que son utilizadas por el crimen organizado -concretamente por el Cártel Jalisco Nuevas Generación (CJNG)- para blanquear capitales y mantienen una relación de negocios con despachos de abogados, en dos de ellos es socio quien fuera secretario de Gobernación en el gobierno de Vicente Fox, Santiago Creel Miranda.
INVESTIGACIONES MINISTERIALES
De acuerdo con investigaciones fiscales y ministeriales, se descubrió que las 36 empresas transfieren millones de pesos a cuentas bancarias de los despachos de abogados que se acreditan como representantes legales y utilizan el sistema financiero para triangular el dinero.
De acuerdo con las indagatorias y documentos oficiales a los que esta columna tuvo acceso, al realizar triangulaciones millonarias entre las empresas fachada y despachos de abogados, se confirma el intento de ocultar el origen de dichos recursos, se elaboran facturas apócrifas, de evade al fisco y existe la presunción de lavado de dinero.
El aspirante presidencial panista recibió entre 2015 y 2021 más de 80 millones de pesos de la nómina del despacho Suma de Capacidades, SC, con el cual tiene una relación de sociedad, y obtiene principalmente sus ingresos de otro grupo de abogados denominado Rincón, Mayorga, Román, Abogados Litigantes, el cual les hizo depósitos por 26.1 millones de pesos.
BUFETES DE ABOGADOS
Consultado al respecto, el político panista Creel Miranda comentó por escrito: “La mencionada nota reporta una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera sobre bufetes de abogados en los que he prestado mis servicios profesionales de manera esporádica.
Al respecto, es importante aclarar que, como lo podrá corroborar cualquier autoridad en caso de que se desee proceder con una investigación ministerial, los servicios profesionales prestados a través de estos bufetes se han otorgado a clientes perfectamente identificables, en nuestro carácter de abogados y estrictamente apegados a la ley, mediante el cobro de honorarios siempre sujetos al pago de los impuestos correspondientes.
SIN SEÑALAMIENTO DE LA AUTORIDAD
“En el ejercicio de mi profesión como abogado, que he realizado desde hace 43 años, de 1979 a la fecha –con las interrupciones propias por el ejercicio de mis funciones como servidor público–, jamás he sido objeto de ningún señalamiento por parte de autoridad alguna, como tampoco de los clientes que he servido.
“El día de hoy, como usted sabe, represento a la Cámara de Diputados y ejerzo con todo mi derecho un liderazgo como opositor. Lo que me expone a que se vierta información sesgada e imprecisa que puede ser objeto, por supuesto, de interés periodístico; aunque lo anterior de ninguna manera confirma su veracidad.
“Por tanto, le solicito respetuosamente que los comentarios contenidos en este documento sean considerados íntegramente en su medio de comunicación, con fundamento en el párrafo primero del artículo 6o Constitucional, así como en los siguientes de su Ley Reglamentaria 1; 2; fracción III; 3, párrafos primero y tercero; 4, párrafo primero; 5 y 6 primer y tercer párrafo; 13; 15 y demás relativos y aplicables; toda vez que la afirmación expuesta en su nota podría afectar considerablemente mis actuales actividades laborales y personales.
“Agradezco de antemano la atención y quedo a sus órdenes para cualquier información adicional que pudiera ser de utilidad”.
Según el organigrama de las operaciones financieras sospechosas, del despacho Suma de Capacidades SC también salieron recursos por 4.1 millones de pesos para el excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya Cortés, actualmente prófugo de la justicia en Estados Unidos y bajo proceso penal en juzgados federales mexicanos por presunto involucramiento en una red de sobornos que recibieron de Petróleos Mexicanos en el gobierno de Enrique Peña Nieto para que legisladores panistas aprobaran la llamada reforma energética.
CAMPAÑA DE RICARDO ANAYA
Santiago Creel, socio y fundador del despacho Creel, García y Asociados, fue el principal asesor y coordinador de campaña de Ricardo Anaya cuando éste compitió y perdió la Presidencia de la República en 2018 ante Andrés Manuel López Obrador.
Las autoridades financieras identificaron una importante operación por 814 millones de pesos que habría facturado Consultores Especializados Killer a la red de empresas factureras, las cuales a su vez transfieren recursos a los despachos de abogados y que, por el volumen del dinero, las autoridades financieras investigan su origen, pues hay la presunción de que se trata de dinero sucio.
Esta empresa Consultores Especializados Killer, de acuerdo con oficios de las autoridades financieras y publicaciones del Diario Oficial de la Federación, ha sido identificada como parte de “una red de contribuyentes que emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para presentar los servicios de producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes”, por lo cual se sospecha que sea utilizada para el blanqueo de capitales.
TRANSFERENCIA A JAR STATE CORP
El despacho Creel Rodríguez y Abogados transfirió además 338 mil pesos a la empresa constructora Jar State Corp, con oficinas en la Ciudad de México.
La maquinación de estas “operaciones sospechosas”, como las clasifican la UIF y el SAT, se inicia con el despacho de abogados Suma de Capacidades, SC, el cual es identificado por las autoridades como una empresa concentradora de recursos y mediante la cual otros despachos triangulan fondos provenientes de empresas factureras identificadas como EFOS.
De acuerdo con documentos contenidos en el expediente, los seis despachos de abogados involucrados son: Creel, García y Asociados, constituido en 2020; Rincón, Mayorga, Román, Abogados Litigantes; Suma de Capacidades; Creel, Rodríguez y Abogados; Aguilar, Sierra y Asociados; GPL Abogados, los cuales según las indagatorias financieras reciben parte de los recursos que provienen de empresas que realizan operaciones simuladas.
El diputado panista Creel Miranda es el socio principal de Suma de Capacidades, de donde obtiene su mayor ingreso, y de acuerdo con información oficial, esa empresa recibe dinero principalmente de los despachos de abogados Rincón, Mayorga, Román, Abogados Litigantes; Aguilar Sierra y Asociados, y GPL Abogados.
INGRESOS MILLONARIOS
Suma de Capacidades también recibió ingresos millonarios de otros despachos: Aguilar, Sierra y Asociados le transfirió 12.9 millones de pesos; Creel, Rodríguez y Abogados, 8.2 millones de pesos; C Claro (socio de Alpha Credit), 4.3 millones; GPL Abogados, 3.4 millones de pesos.
El socio principal de Aguilar, Sierra y Asociados es Eduardo Ismael Aguilar Sierra, quien ha sido representante del PAN ante el Instituto Nacional Electoral y cuyo despacho recibió 3.4 millones de pesos de municipios gobernados por panistas: Mérida, Yucatán, 3.4 millones, y Reynosa, Tamaulipas, 2.7 millones; así como otros 5.2 millones de pesos del Partido Encuentro Social.
De acuerdo con la carpeta de investigación, Miguel Ángel González Pastellini Laparelli, propietario del despacho GPL Abogados, recibió 16 millones de pesos de una red de empresas factureras, mismas que aportaron otros 3.6 millones para la Inmobiliaria Gonasa, de la cual es socio el mismo Pastellini.
El despacho Rincón, Mayorga, Román, Abogados Litigantes, con oficinas en las ciudades de México y de Guadalajara (socios: César Alejandro Rincón Mayorga, Joaquín Ramos Ramos, Virgilio Rincón Salas y Carlos Román Hernández) recibió en 2017 nómina de tres EFOS definitivos.
Los abogados Rincón Salas y Román Hernández son defensores de la familia Jenkins y se encuentran prófugos porque hay órdenes de aprehensión en su contra por su participación en el litigio por presunta malversación de fondos en la Fundación Mary Street Jenkins y la Universidad de la Américas de Puebla (UDLAP).
RELACIÓN CON EMPRESAS FACTURERAS
Según las investigaciones fiscales y judiciales, estos cuatro abogados del despacho Rincón, Mayorga, Román, Abogados Litigantes tienen relación directa con empresas factureras con sede en Guadalajara, Jalisco. Algunas de las que recibieron transferencias de dinero son: Hochhaus, SA de CV; Ingeniería Proyectos y Tratamientos Ecológico de Residuales, y Comercializadora Avelino.
Este mismo despacho de Rincón recibió ingresos por 798 millones de pesos del Fondo Nacional de Turismo de Colombia; 152 millones de Veolia Aguascalientes; 34.5 millones de Jorge Carlos Vergara Madrigal, finado y quien fuera presidente de Omnilife y del Club Chivas.
MÁS TRANSFERENCIAS
Además, recibió transferencias por 20.4 millones de pesos de Reforma Bicentenario, empresa que fue financiada con 69.3 millones de pesos por la UDLAP Jenkins Graduate School, y otros 4.7 millones de la Fundación Mary Street Jenkins.
Otro de los socios del despacho Suma de Capacidades, SC, es Rodrigo Ortínez Zavala, quien representa legalmente a 66 empresas, la mayoría de ellas con domicilio en la colonia Roma Norte, Ciudad de México, y es también representante de la empresa Naveste, que entre 2018 y 2020 obtuvo ingresos por 173 millones de pesos y su gasto apenas fue de 2 millones. El Independiente/Miguel Badillo
