Los organizadores del llamado “Día de la Libertad” argumentaron que el gobierno alemán sobreestima deliberadamente la amenaza del Covid-19
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La gran manifestación del sábado en Berlín contra las medidas para frenar al coronavirus ha generado un nuevo debate sobre los límites entre el derecho de reunión y la protección de la salud pública.
Dado que los organizadores del llamado “Día de la Libertad” argumentaron que el gobierno alemán sobreestima deliberadamente la amenaza del coronavirus, la mayoría de los 17,000 a 20,000 manifestantes no usaron mascarillas ni respetaron las pautas de distanciamiento social.
Fue por eso que la policía de Berlín tuvo que disolver la marcha principal de la protesta, así como varias de las contramarchas que también se realizaron el sábado en la capital alemana.
En general, los manifestantes se comportaron de manera pacífica, pero, de acuerdo con la policía, hubo incidentes aislados en los que unos 45 agentes de esa fuerza resultaron heridos.
Este lunes, varios políticos alemanes acudieron a los medios de comunicación para condenar a los manifestantes. La ministra alemana de Justicia, Christine Lambrecht, dijo al periódico Süddeutsche Zeitung que “carecía de toda comprensión” para aquellos que se creían por encima de las pautas de distanciamiento social, aunque se apresuró a agregar que el derecho a reunión era “un derecho legal especialmente valioso”.
“´Molesto´ es una palabra demasiado suave”, dijo el alcalde de Berlín, Michael Müller, a la cadena pública local RBB. “Vienen de Fráncfort y Stuttgart para hacer alboroto en nuestra ciudad. Se les da permiso para una manifestación sobre la base de las normas de higiene, las cuales ignoran. Y lo peor es que simplemente no reconocen los hechos y ponen en riesgo la salud de otras personas”.
Pero Müller y las autoridades de Berlín tampoco escaparon a las críticas. En Alemania, les corresponde a las autoridades locales establecer las condiciones bajo las cuales se permiten las manifestaciones, aunque sus manos están atadas en gran medida por la Constitución alemana, que consagra el derecho a manifestarse, excepto cuando las concentraciones se vuelven violentas, si los participantes llevan armas, o si sus caras están cubiertas (lo que, por supuesto, plantea otro dolor de cabeza legal en la era del coronavirus).
Un problema complejo
Aún así, las solicitudes para realizar una manifestación deben presentarse a la policía con al menos 48 horas de anticipación, principalmente para que esta pueda cerrar las carreteras y garantizar la seguridad pública. Y la Asociación Alemana de Ciudades y Municipios (DStGB) dijo que el gobierno de Müller debería haber establecido reglas más estrictas el sábado.
“Ciertamente, se podría haber considerado la posibilidad de limitar el número de participantes”, dijo el portavoz de DStGB, Alexander Handschuh, a DW. “Si ya no es posible hacer cumplir las regulaciones actuales debido a la cantidad de participantes, debería ser posible, al menos, limitar esa cantidad”.
Handschuh también sugirió que Berlín debería haber considerado llevar a cabo controles al azar para limitar el número de personas que se reúnen en cierto lugar.
Pero, como admitió el portavoz de DstGB, ninguna de estas medidas carece de problemas legales, y el brote de coronavirus ha creado nuevos desafíos para las autoridades.
Paulina Starski, investigadora del Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional, en Heidelberg, explicó que las autoridades solo pueden impedir las manifestaciones si existe un peligro directo para la seguridad pública, lo que puede incluir una amenaza a los derechos constitucionales de otros o al orden legal en sí.
Durante la manifestación, le corresponde a la policía local tomar esa decisión. En otras palabras, el presidente de la Policía de un estado tiene que decidir si la protesta amenaza la capacidad de ese cuerpo para hacer cumplir la ley.
Las condiciones especiales de un virus
Por supuesto, entre las reglas que la policía tiene que aplicar actualmente están las pautas de distanciamiento social, ante los peligros para la seguridad pública que son inherentes al brote de un virus altamente contagioso.
“Además, los organizadores de la manifestación tienen que considerar la seguridad física de los demás, por lo que ciertamente se puede argumentar así en el caso de una pandemia”, dijo Starski.
Los tribunales, por su parte, tienen el deber de vigilar que no se viole la Constitución. Y, como explicó Starski, a menudo se pondrán del lado de los derechos de las personas y no del lado de la Policía en caso de duda, en parte, por la lección aprendida durante el oscuro pasado dictatorial de Alemania.
Starski agregó que, ciertamente, existe el peligro de que las autoridades puedan usar medidas de prevención del coronavirus para restringir las libertades constitucionales. “Las nuevas reglas durante el duro cierre condujeron a una situación en la que la libertad de reunión fue en gran medida suspendida de facto, pero las decisiones judiciales posteriores, que permitieron manifestaciones, han restablecido ese equilibrio desde entonces”, subrayó.
“Es un problema básico de la situación del coronavirus que muchos abogados constitucionalistas están discutiendo, porque hay una necesidad política masiva de actuar para proteger la salud de la población”, añadió.
“Ahora estamos en una especie de fase de revisión: ¿hay alguna directriz constitucional que deba seguirse? Porque desde un punto de vista constitucional, la tendencia siempre es proteger la libertad en primer lugar”, concluyó la experta.
