Columna: Seguridad y Defensa. Carlos Ramírez. www.24-horas.mx
El efecto mediático del arresto de José Antonio Yépez El Marro en Guanajuato no representó el fin del Cártel de Santa Rosa de Lima, ni el control del huachicoleo, ni de la recuperación de la zona territorial ocupada por esa banda criminal.
Y ahí se localiza el principal problema de la estrategia de seguridad: arrestar a un capo no significa en automático la reinstalación de la paz en una zona territorial de la soberanía del Estado.
Hasta donde se tienen datos, el arresto de El Marro no fue consolidado con algún programa de apoyo social a las zonas marginadas o a la producción agropecuaria o el desensamblaje de la estructura de robo de combustible.
Ni el Gobierno estatal ni el Gobierno federal han anunciado algún programa social y político de emergencia para reinstalar en la zona de control de El Marro la estructura de autoridad del Estado. Y vienen tiempos complejos: los pobladores de la zona del CSRL que vivían del dinero de El Marro dejarán de tener ingresos y no conocen más actividad que la delictiva. Por ello se han encendido los focos de alarma en chantajes, secuestros y cobros de protección, si no es que también habrá en circulación a centenas de sicarios que pueden ser contratados para matar por un puñado de pesos.
La estrategia de construcción de la paz parece haberse quedado en un enunciado político, con pocos apoyos de los programas generales de subsidios directos a jóvenes y asuntos. Pero un programa social real no es sólo dinero, sino una estrategia para restaurar la autoridad del Estado. La sola presencia de la Guardia Nacional no cubre ese rubro.
La paz no es sólo la no-guerra, sino un estado de equilibrio social para la producción, el bienestar, el desarrollo y la tranquilidad. Y ahí no se ve una estrategia de reconstrucción del Estado de bienestar basado en una eficaz seguridad interior.
ZONA ZERO
El recordatorio del general secretario Luis Cresencio Sandoval González sobre el retraso en el fortalecimiento del poder judicial es una queja antigua: las autoridades arrestan a delincuentes y la política judicial funciona como puerta giratoria y los deja en libertad.
Es la hora en que el poder judicial ha retrasado su obligación de construir una justicia para la sociedad, no para la delincuencia.
(*) Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
