Desde marzo de 2019, los presidentes o ex mandatarios pueden ser sometidos a proceso penal no solo por traición a la patria, sino también hechos de corrupción y delitos electorales
Infobae/ Claudia Ramírez Fotoarte: Jovani Pérez Silva/Infobae
La denuncia presentada por Emilio Lozoya Austin en contra del ex presidente Enrique Peña Nieto y su secretario de Hacienda, Luis Videgaray, por haberle “ordenado” recibir sobornos de Odebrecht y distribuir más de 100 millones de pesos a la campaña presidencial de 212, tal como lo anunció este martes el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero; coloca a Peña Nieto a punto de hacer historia ante la posibilidad de convertirse en el primer ex mandatario en ser juzgado judicialmente por un delito grave.
El ex director de Pemex presentó la denuncia de hechos acompañada de recibos, un video y cuatro testigos de sus dichos como pruebas, por lo que se abrió una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades y en caso de ser necesario citar a declarar a Peña Nieto y a Videgaray Caso.
Hasta inicios del año pasado, un presidente sólo podía ser juzgado por traición a la patria, pero en marzo de 2019, el Senado de la República reformó los artículos 108 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para someter a proceso penal al presidente de la República también por hechos de corrupción y delitos electorales.
Es por eso que la posibilidad de que Peña Nieto se siente en el banquillo de los acusados se vuelve más real que nunca.
Ante este panorama, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha reiterado una y otra vez su postura que sólo se juzgará a los ex presidentes si la población así lo decide por medio de una consulta. No obstante, durante su conferencia de prensa de este miércoles aseguró que respeta las decisiones que la Fiscalía General de la República (FGR), tome respecto al caso.
“Bueno pues yo respeto la decisión de la Fiscalía, ya ustedes conocen mi postura a cerca de juicios a ex presidentes lo he externado, lo dije desde la campaña y en el discurso de toma de posesión hable también sobre el tema y he dicho que en el caso de los expresidentes que sean juzgados debe de consultarse a los ciudadanos…”, dijo.
López Obrador aseguró que se enteró de la denuncia interpuesta por Lozoya a través de los medios de comunicación y no porque el fiscal le avisara e insistió que esta demanda legal implica que todos los implicados deben ser llamados a comparecer.
“Lo que debe quedar claro de que esta denuncia implica que sean llamados a comparecer, que declaren los dos ex presidentes entre otros servidores públicos (Calderón y Peña Nieto, el diputado mencionado,los senadores todos los mencionados, el que estaba de secretario de Hacienda (Luis) Videgaray eso es por procedimiento. De ahí a que sean responsables, es otro procedimiento”, destacó.
López Obrador insistió que al hacer estas acusaciones, Lozoya Austin está obligado a presentar las pruebas de sus dichos.
“Él acusa, dice que tiene pruebas, tiene que probar, tiene que demostrar lo que está afirmando, pero de que tiene que ir a declarar lo tiene que hacer. No sé si tienen que ir a la fiscalía, por escrito.. no sé, eso corresponde a la Fiscalía.. pero si ya hay una denuncia, tiene que proceder (…) el fiscal no se va a prestarse a una jugarreta, entonces hay que esperar nada más”, insistió.
La denuncia
Luego de una polémica estancia en el Hospital Ángeles del Pedregal (a donde fue trasladado a su llegada a México procedente de España) a causa de una presunta “anemia severa” y desde donde enfrentó dos audiencias judiciales por los casos de Agronitrogenados y Odebrecht, de los cuales fue vinculado a proceso pero con la concesión de enfrentarlo en libertad; Lozoya Austin se había esfumado. Pero este 11 de agosto reapareció con una “bomba” en la mano: una demanda judicial.
Emilio Lozoya denunció a Enrique Peña Nieto y a Luis Videgaray, por su presunta participación en la trama de corrupción del pago de sobornos de Odebrecht, los cuales ascendieron a 10.5 millones de dólares a cambio de que le fuera adjudicado a la empresa brasileña el proceso de modernización de la refinería de Tula, Hidalgo.
Lozoya Austin aseguró que ambos (quienes eran sus jefes) lo obligaron a recibir el dinero de la compañía brasileña, parte del cual (100 millones de pesos) fue a parar a la campaña presidencial de Peña Nieto con la finalidad de contratar a asesores internacionales.
Una vez en el Gobierno federal, el ex mandatario y el ex secretario habrían destinado 120 millones de pesos para comprar el voto de cinco senadores y un diputado para que votaran a favor de la reforma energética, que abrió el sector a la inversión privada en 2013.
Lozoya aseguró tener cuatro testigos, además de que entregó facturas y un video para probar sus acusaciones.
Ahora, sólo falta que la Fiscalía General de la República (FGR) determine si todos los implicados en la demanda, incluyendo a Enrique Peña Nieto (quien vive en España) y Luis Videgaray (que trabaja como profesor en el Instituto Tecnológico de Massachusett, MIT, bajo el cobijo de su gran amigo Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense Donald Trump) son llamados a declarar de manera presencial, a distancia o pueden hacerlo por escrito.
Con esta primera jugada relacionada con el caso Odebrecht, Lozoya Austin ya desató un terremoto político que pone a Peña Nieto en riesgo de ser el primer ex presidente en sentarse en el banquillo de los acusados. Y aún falta lo que tenga que decir sobre la compra de la planta chatarra de Agronitrogenados, la cual pertenecía a Altos Hornos de México (AHMSA) propiedad de Alonso Ancira, quien está en espera de ser extraditado a México desde España.
Pemex habría pagado cerca de 500 millones de dólares por Agronitrogenados cuando estaba valuada en 50 millones de dólares, una suma que, según los analistas, estaba drásticamente inflada y provocó pérdidas millonarias a la petrolera.
De acuerdo con versiones periodísticas, el exdirector de Pemex también planea revelar cuál era la participación del expresidente Carlos Salinas de Gortari en las decisiones que se tomaban en el gobierno de Peña Nieto, especialmente dentro de Pemex.
Algunas fuentes allegadas a Lozoya aseguran que Salinas de Gortari “le pidió y lo presionó para realizar acciones y tomar decisiones que tenían que ver con las asignaciones de Pemex”. Afirman que Emilio Lozoya se reunió varias veces con el ex presidente, tanto en su casa de Camino a Santa Teresa como en sus oficinas alternas de Montes Urales, en las Lomas de Chapultepec, en las que se hablaba de contratos y negocios en Pemex.
Los antecedentes
Los señalamientos de Lozoya tienen su origen algunos años atrás. De acuerdo con versiones periodísticas, Emilio era gran amigo de Luis Videgaray, lo que le valió ser director de Petróleos Mexicanos en 2012.
Pero dos años después, la amistad terminó luego de que, en plenas negociaciones de la Reforma Energética, el director de Pemex buscaba que la ahora empresa productiva del Estado pudiera escoger “por dedazo” a sus socios privados para explotar campos petroleros, argumentando que así lo hacen las grandes petroleras del mundo.
El entonces secretario de Energía, Pedro Joaquín Codwell alertó a Luis Videgaray de las pretensiones de Emilio Lozoya, por lo que ambos se opusieron a los planes del director de Pemex. Después, ya en el 2015, el ex secretario de Hacienda le pidió varias veces a Peña que quitara a Lozoya de la dirección de Petróleos Mexicanos. Por eso, Emilio Lozoya culpa a Luis Videgaray de que lo corrieran.
Después de varios meses prófugo, el ex director de Pemex fue detenido el pasado 12 de febrero en un exclusivo fraccionamiento de Mallorca, España, debido a que el gobierno mexicano lo acusó de los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho.
Luego de que el padre de Emilio Lozoya negociara con la Fiscalía General de la República (FGR) para que su hijo aceptara la extradición a México y a cambio ofrecería nombres de personajes de alto nivel del gobierno de Peña Nieto envueltos en casos de corrupción; Lozoya Austin llegó al país el pasado 17 de julio, a bordo de un avión enviado por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Su llegada ocurrió en medio de un show en el que la Fiscalia usó a un doble del ex director de Pemex para simular que iría al Reclusorio Norte, cuando en realidad fue llevado al Hospital Ángeles del Pedregal.
