Tras pedir que no se politice el tema del cobro de licencias de conducir en el municipio, la alcaldesa Lili Campos, dijo que sólo en caso de que la ciudadanía lo solicite, estaría presentando una Controversia Constitucional por daños a los habitantes de Solidaridad.
“Sólo si la ciudadanía lo pide, estaríamos metiendo una Controversia Constitucional, y me mantendré firme para defender la soberanía del municipio; eso no significa que estemos en contra de nadie o de alguna instancia, al contrario, como siempre, estaremos trabajando coordinadamente en varios aspectos”, subrayó la alcaldesa.
Esto luego de que legisladores de la XVII Legislatura aprobaron una adición a la fracción XI Bis al artículo 34 de la Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo, mediante la cual se establece una nueva facultad para la Junta de Gobierno del Instituto de Movilidad para emitir las tarifas respecto a la expedición o renovación de las licencias o permisos para conducir vehículos de motor.
En su momento, el síndico del municipio, Adrián Pérez Vera, reconoció que bajará el ingreso a las arcas municipales, pero también los gastos de operatividad.
Además, destacó que, con esto, se coordina el trámite de las licencias pues, citó como ejemplo, un automovilista que incurrió en alguna infracción, podía llegar a este municipio para tramitar otra licencia.
Entrevistada este miércoles sobre el tema, la presidenta municipal Lili Campos indicó que es un tema que debe tratarse objetivamente, porque no sólo se trata de una violación al artículo 115 Constitucional, sobre la soberanía de los municipios, es un impacto social, afecta a la ciudadanía, estarían atentando contra la ciudadanía.
De hecho, esta reforma el Artículo 115 Constitucional, causa un impacto negativo a las finanzas de los ayuntamientos, pues el cobro de las licencias será recaudado por el Imoveqroo y tendrá un incremento adicional de 290 pesos por cada plástico, en todo caso, el Instituto de Movilidad debe ser normativo, más no recaudatorio.
La medida afectará los recursos propios destinados a obras diversas en los municipios ya que que los ayuntamientos dependen de las participaciones federales y sus ingresos propios son mínimos con excepción de Benito Juárez y Solidaridad, por lo que quitarles la facultad de cobrar por la emisión de licencia de conducir ocasiona una afectación directa al gasto operativo.
