- Vehículos inexistentes, capacitaciones fantasmas y sobrecostos con fondo de seguridad, son parte de las anomalías auditadas por un monto de 137 millones de pesos en 10 estados de la república, en el manejo del fondo de aportaciones para la seguridad pública.
Ciudad de México
Camionetas blindadas que no están, materiales de laboratorio que no existen, equipo táctico que nunca recibieron los agentes, cursos en los que “firman” como asistentes personas que ya no forman parte de las corporaciones y transferencias injustificadas a cuentas que no corresponden a los proveedores son parte de inconsistencias por 137 millones 714 mil 822.78 pesos en las que incurrieron 10 entidades durante 2022.
El mayor monto lo registró el Estado de México, en la administración pasada: 47 millones 95 mil 705.78 pesos. De estos, 6 millones 891 mil 756 pesos son por no acreditar el efectivo uso y el destino en los objetivos del fondo de dos vehículos Dodge Durango RT 2022, color negro diamante, modelo 2022,
Cuarenta millones más son por la adquisición de un Sistema TANGLES, de búsqueda y análisis de redes sociales abiertas, el cual no corresponde al autorizado en el Proyecto de Inversión y en el Anexo Técnico del Convenio; además, el dictamen de la auditoría individual refiere que no fue posible determinar si el bien corresponde al facturado y pagado, ya que tanto en el producto como en la factura no se cuenta con números de serie o alguna tipificación en la cual se puedan corroborar estos datos
También en Edomex hay 203 mil 949.78 pesos cargados al erario como “trabajos terminados de obra”, en la Construcción de un módulo de cuatro aulas en el primer nivel con núcleo de sanitarios (obra nueva) Almoloya de Juárez, Santa Juana Centro. No obstante, presenta deficiencias en los conceptos de aplanado en techos, columnas y paredes; así como en impermeabilización del pretil, sin que la Universidad Mexiquense de Seguridad aplicara la fianza de vicios ocultos.
¿Y LA CAMIONETA BLINDADA?
Nayarit destinó 42 mil 600 pesos para el pago de tres cursos de capacitación de tres elementos: Formación Inicial para Policía Estatal Preventivo Aspirante, Competencias Básicas de la Función Policial para el Custodio Penitenciario y Competencias Básicas de la Función Policial Estatal Preventiva.
La irregularidad radica en que los agentes causaron baja de la corporación el 28 y 30 de junio, así como el 15 de julio, aunque el primero “firmó” listas de asistencia del primer curso del 25 de abril 22 al 25 noviembre de 2022. Es decir, supuestamente siguió validando asistencia hasta cinco meses después de irse.
Con los dos siguientes, los elementos “firmaron” asistencia del 25 de junio –cuando tenía más de un mes fuera– al 29 de junio, y del 18 de julio –dos días después de su salida– al 22 de julio.
A su vez, el gobierno de Colima cargó al erario 3 millones 990 mil 237 pesos por la adquisición de una camioneta blindada; sin embargo, este bien “no fue presentado físicamente ni se localizó en la Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario, lugar especificado en el contrato como el de entrega”, indicó la ASF, que remarcó que en el acta de entrega y constancia de recepción de los bienes también se estipula que esta unidad estaba bajo resguardo de esta área de Seguridad Pública.
Todas las observaciones son parte de dictámenes individuales a cada una de las entidades federativas, parte del segundo informe de la cuenta pública 2022 entregado el 31 de octubre a la Cámara de Diputados.
En el mismo lapso, en Morelos la auditoría afirma que de la revisión del contrato número DGPAC/ADQ58/2022, correspondiente a la Adquisición de bienes para el Fortalecimiento de las Áreas, no acreditó la existencia de 181 Equipos Antimotín, 181 Escudos Antimotín y 135 Kits Antimotín, por los cuales se pagaron 4 millones 652 mil 932 pesos.
De lo anterior, determinó que si bien en el contrato se establecen las especificaciones y características de los bienes adquiridos, no existe un mecanismo que permita identificar y garantizar que los artículos que le presentaron para justificar el gasto corresponden con lo adquirido
Un caso similar ocurrió en Oaxaca, con observaciones por 9 millones 292 mil 882.84 pesos, donde el gobierno no probó la adquisición de 120 colchones y 60 literas facturadas por 884 mil 268, correspondientes al contrato número SESESP/FASP/LPE/FED/010/2022.
Otros 8 millones 363 mil 413.82 pesos son demandados por no proporcionar más bienes pagados con recursos del FASP adquiridos mediante el contrato número SESESP/FASP/LPE/FED/012/2022: 101 fornituras, 100 bastones policiales, 100 candados de mano, 10 cascos balísticos nivel III, 286 chalecos balísticos, 100 lámparas tácticas y 100 máscaras antigás, no localizados en almacenes y sin evidencia de su ubicación o uso.
Asimismo, 45 mil 201.02 pesos son por no aplicar penas convencionales en incumplimiento del Contrato número SESESP/FASP/AD/FED/028/2022, correspondiente a 720 pares de botas, cláusula décima quinta.
En tanto que en Baja California, la ASF reclama la justificación o reintegro de 12 millones 499 mil 984.84 pesos que, con base en el contrato FGEBC/FASP/ADJDIR/015/2022, se emplearon en la compra de materiales y suministros para el laboratorio Centro Estatal de Ciencias Forenses, de los cuales, no obstante, no se acreditó la entrega, ni su registro en el Sistema Integral de Bienes de Consumo, ni la distribución que soporte que las operaciones y transacciones ocurrieron.
PROVEEDORES Y OBRAS DISTINTAS A LO PAGADO
Al gobierno de Nuevo León, el órgano fiscalizador reclama 16 millones 81 mil 822.13 pesos por 12 facturas y el mismo número de estimaciones de las obras con contratos FIDEPROES-CADOPPU-CCRISHA1-2022 y FIDEPROES-CADOPPU-CCRISHA2-2022, en los Centros de Readaptación Social (Ceresos) No. 1 Norte, en Apodaca, y No. 3 Oriente, en Cadereyta, de las que no se presentó la documentación original que justifique el gasto realizado, no se acompañaron de las notas de bitácora de los trabajos correspondientes a los conceptos cobrados, ni de las pruebas de hermeticidad parciales ni finales de todas las redes realizadas o intervenidas, ni los manuales de operación y mantenimiento a los sistemas antiincendios e hidráulicos,
En Baja California Sur, exige la comprobación de 12 millones 431 mil 576.27 pesos: 181 mil 18 pesos por no proporcionar los resguardos que acrediten la entrega de 41 pares de botas, ocho gorras tipo beisboleras y 41 candados de mano; 3 millones 139 mil 549.28 pesos transferidos una cuenta bancaria distinta a la del proveedor elegido por la Procuraduría General de Justicia del Estado para el “Suministro, instalación y puesta en marcha de equipos informáticos y tecnología de la información”; 7 millones 463 mil 731.74 pesos por pagos referenciados en estados de cuenta bancarios distintos al Registro Federal de Contribuyentes del proveedor adjudicado, y 1 millón 647 mil 277.25 pesos transferidos a una cuenta bancaria referenciada como “Cuenta Propia Nómina” de la que se desconoce el origen.
En Quintana Roo, la observación se centra en pagos en exceso del concepto de obra de la partida 2.2 “cancelería y carpintería”, con clave CAN02 “suministro e instalación de cancelería de aluminio de anodizado de 3”, tono champagne y cristal transparente de 6 mm”, que son contrarios a las especificaciones del contrato CEE-SSP-OP-019/2022 y ascienden a 230 mil 144.14 pesos, mientras que en Tamaulipas son 5 millones 134 mil 93 pesos por siete vehículos (cuatro Sedan y tres camionetas) que carecen del balizamiento institucional solicitado dentro del anexo técnico del contrato SESESP/148/2022, por lo que se determinaron diferencias entre lo contratado y lo recibido, sin que en las facturas se desglosara el costo de balizamiento.
La última entidad con requerimientos de comprobación es Sinaloa, con 26 millones 262 mil 904.78 pesos, que se compone de 3 millones 780 mil pesos en cursos para la formación inicial a 27 aspirantes a Policía de Investigación, a 24 aspirantes a Perito y a 50 aspirantes a Policía Preventivo Municipal, los cuales fueron pagados sin ser devengados, más 22 millones 482 mil 904.78 pesos no justificados, porque “se emplearon en la adquisición de un menor número de bienes a un precio superior al programado y por la falta de la autorización por parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de las adecuaciones a las unidades y montos originalmente convenidos”. El “equipamiento” incluye parque vehicular para las instituciones de seguridad pública. masinformacion.com/EMEEQUIS
