- El expresidente mexicano se ha sumido en una especie de “voto de silencio”, casi como de penitencia, para evitar hablar de política, de México y mucho menos atreverse a mencionar siquiera el nombre del actual mandatario mexicano
Eran los últimos días de 2023 y los restaurantes en la ciudad de Madrid estaban a reventar. En uno de ellos departía con amigos Enrique Peña Nieto, el expresidente que desde principios del actual sexenio emigró a España ante el temor y amenaza de ser procesado en México por diversos delitos graves.
Al terminar la comida, los comensales del exmandatario mexicano se despidieron y Peña se quedó solo y su fortuna, como ha vivido en un autoexilio los últimos años.
Nostálgico por la distancia forzada de su país, el expresidente se acercó en el mismo restaurante a otra mesa en donde había un grupo de jóvenes mexicanos que festejaban la terminación del año y les preguntó si podía acompañarlos.
Con cortesía y asombro los muchachos aceptaron.
Peña se incorporó a la reunión y empezó una plática fluida sobre la vida en España y preguntas de si estaban de vacaciones o vivían en Madrid.
Todo era risas y brindis por fin de año, el festejo lo merecía, hasta que uno de los jóvenes le preguntó con agudeza e interés su opinión de cómo ve a México y la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Las miradas se centraron en el exmandatario y éste de inmediato atajó cualquier comentario adicional y con una frase dio por terminado el tema: “de eso no hablo yo”.
Este breve encuentro narrado por uno de los asistentes fue días antes de que el expresidente viajará a República Dominicana para festejar fin de año con los exmandatarios de Estados Unidos, Bill Clinton, y de Chile, Sebastián Piñeira.
Consciente de los expedientes que siguen abiertos en México y que lo involucran en investigaciones penales por delitos graves como lavado de dinero, transferencias millonarias a cuentas bancarias europeas, asignación de contratos supuestamente irregulares a empresas nacionales y extranjeras y el desvío de recursos públicos (delito de peculado), el expresidente mexicano se ha sumido en una especie de “voto de silencio”, casi como de penitencia, para evitar hablar de política, de México y mucho menos atreverse a mencionar siquiera el nombre del actual mandatario mexicano.
A este expresidente priista le sucede lo mismo que a los otros dos que también viven en Europa: Carlos Salinas de Gortari y Felipe Calderón Hinojosa, quienes temerosos por las investigaciones de la Fiscalía General de la República y los órganos de inteligencia como la UIF y el CNI, huyeron de México para evitar cualquier proceso penal que les pudieran seguir por los muchos delitos que cometieron durante sus administraciones gubernamentales, sobre todo en temas de corrupción, desvío de recursos públicos y vínculos con el crimen organizado.
Otro dato que revela la mesura con la que ahora vive y se mueve Peña Nieto, fue aquel festejo de la boda de su hija Paulina Peña, quien en septiembre pasado se casó en México en una discreta reunión con familiares y amigos, para después viajar a España y festejar con su padre en una comida en Madrid.
Muy distinto festejo de aquellos otros ostentosos a los que nos tienen acostumbrados quienes están en el poder.
El más claro ejemplo fue aquella boda de la hija del abogado Juan Collado, defensor de viejos políticos priistas y panistas, a la que asistieron cientos de personas entre empresarios, expresidentes de la República, ministros de la Corte, congresistas y dirigentes de partidos.
Después de aquella suntuosa boda de la familia Collado, que molestó a funcionarios de Palacio, sobre todo por la convocatoria de tantos hombres del poder institucional y de grupos fácticos, el abogado del régimen priista fue detenido y acusado de fraude y lavado de dinero, procesos que lo llevaron a prisión varios años y que ahora en libertad condicional aún sigue el juicio.
Después de ese hecho, los políticos de oposición la piensan dos veces antes de hacer festejos suntuosos que atraen los reflectores.
El expediente de Peña Nieto
Desde mediados de 2022, la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación por presunto lavado de dinero que involucra al expresidente Enrique Peña, a tres empresas (una de ellas trasnacional, beneficiaria en el sexenio pasado con contratos del gobierno federal por más de 10.
5 mil millones de pesos) y dos familiares del político priista, según la denuncia penal presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que dirige el morenista Pablo Gómez.
Según ese órgano de inteligencia, se descubrieron presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita, en donde podrían estar involucradas unas 15 personas, cuyas indagatorias abarcan operaciones financieras desde 2013 hasta la fecha, en las cuales se documentan transferencias millonarias a Irlanda, España y Estados Unidos.
Asimismo, se han detectado depósitos en efectivo por más de 30 millones de pesos y cuyo origen es desconocido.
Por tratarse de reportes financieros vulnerables a lavado de dinero y de que Peña Nieto sigue siendo una persona políticamente expuesta, desde octubre de 2021 la UIF siguió las huellas de las transferencias de dichos recursos millonarios.
En aquel momento que se supo de la denuncia penal, el expresidente publicó en su cuenta de Twitter @EPN: “En relación con la denuncia presentada en mi contra por la Unidad de Inteligencia Financiera, estoy cierto que ante las autoridades competentes se me permitirá aclarar cualquier cuestionamiento sobre mi patrimonio y demostrar la legalidad de este, dentro de los procedimientos legales.
Expreso mi confianza en las Instituciones de procuración y administración de justicia”.
Las empresas involucradas en operaciones financieras
La denuncia derivó de un análisis de los reportes financieros y avisos que permanentemente recibe la UIF de la banca respecto de quienes realizan actividades vulnerables y allí se detectó un esquema donde el expresidente Peña obtuvo beneficios económicos de dos empresas que son investigadas por irregularidades fiscales y financieras.
En una de esas empresas Peña aparece como accionista junto con familiares consanguíneos y realizan operaciones por montos millonarios.
Se trata de una empresa familiar constituida desde antes de 2012, es decir cuando todavía no era presidente de la República.
Entre las operaciones investigadas, la primera empresa deposita a uno de los accionistas, que es familiar del exmandatario, 35.9 millones de pesos, para después, de la misma cuenta bancaria se retornan a la empresa 22.8 millones, es decir triangulación de recursos.
La segunda empresa, que fue constituida por Peña antes de ser presidente, tiene una relación simbiótica con una persona moral trasnacional, misma que se benefició de contratos del gobierno federal durante la administración del entonces titular del Ejecutivo, entre 2013 y 2018, lo que viola la Ley Federal de Responsabilidades que prohíbe a los servidores públicos beneficiar con contratos públicos a empresas donde son accionistas.
Esa empresa, cuyo nombre mantiene la FGR en anonimato, recibió recursos públicos por miles de millones de pesos como proveedora o prestadora de servicios del gobierno durante el mandato del expresidente Peña.
Por ejemplo, en 2013 recibió un monto de 714 millones; en 2014, más de 2 mil 126 millones; en 2015, por 5 mil 505 millones; en 2016, por 948 millones 799 mil; en 2017, por 991 millones, y en 2018, por 1 mil 246 millones, lo que da un total de 10 mil 533 millones 499 mil 413 pesos con 48 centavos.
Entre 2015 y 2021, la segunda empresa realizó 261 transferencias internacionales a Estados Unidos, Irlanda y Reino Unido por los siguientes montos: 1 mil 557 millones 822 mil 839 pesos con 88 centavos moneda nacional y 4 millones 942 mil 900 dólares (que al tipo de cambio actual asciende a 84 millones de pesos).
En conjunto con una filial de la empresa trasnacional, la segunda empresa tiene una cuenta en un banco con sede en la Unión Europea y a través de esta enviaron dos transferencias internacionales a Irlanda por un total de 164 mil 326 euros.
Las huellas del dinero
En la ruta del dinero que se siguió en transferencias internacionales, Enrique Peña Nieto recibió 26 millones 1 mil 429 pesos 74 centavos, moneda nacional, de la siguiente manera: el 21/08/2019, 16 millones ocho pesos con 20 centavos; el 20/10/2021, 5 millones 702 mil pesos con 62 centavos, y el 29/10/2021, 5 millones 718 pesos con 92 centavos.
Dichos recursos fueron transferidos por una familiar consanguíneo desde una cuenta en México hacia España, en donde radica desde hace cinco años el exmandatario mexicano, y esas operaciones fueron operadas con un hermano de Peña Nieto al enviar cheques por la cantidad aproximada de 29 millones de pesos.
La familiar consanguínea registró retiros por 189 millones 857 mil 108 pesos 16 centavos y depósitos por la cantidad de 47 millones 523 mil 677 pesos 17 centavos entre 2013 y 2022.
En la ruta del dinero que trazó la UIF se destacan depósitos en efectivo por 36 millones 333 mil 939 pesos con 31 centavos, de 2013 a 2022, cuyos depósitos mencionados resultan relevantes debido a que al tratarse de operaciones en efectivo se desconoce cuál es la fuente original del dinero.
El Independiente Columna: Oficio de papel/Miguel Vadillo Fotos: cuartoscuro.com
