- Las instalaciones de la ‘Desarrolladora de la Riviera Maya S.A. de C.V. (Derimaya)’ fueron cateadas el viernes pasado
Los elementos ministeriales que el pasado viernes ejecutaron una orden judicial para catear las oficinas de la persona moral ‘Desarrolladora de la Riviera Maya S.A. de C.V. (Derimaya)’ en esta localidad, iban en busca de plata, pero encontraron oro.
El aseguramiento de diversos equipos de cómputo y documentos contables, ya en manos de los especialistas, deben confirmar las sospechas que existen en la carpeta de investigación para haber fincado el delito de administración fraudulenta en agravio del patrimonio público estatal, pero lo que se puso al descubierto es que se trata de una empresa con el 51 por ciento de acciones del gobierno del estado y el 49 por ciento de un particular, creada en las administraciones pasadas.
El tema tiene que ver con la entrega de títulos de propiedad para aproximadamente 5 mil 500 lotes de familias de la colonia Luis Donaldo Colosio Murrieta, que el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a regularizar y entregarles los respectivos títulos de propiedad a antes de concluir su mandato.
A pesar de la instrucción presidencial, a nueve meses de finalizar el mandato, el accionista particular de Derimaya utilizó diversos recursos legales para obstaculizar este objetivo.
Inclusive durante los últimos meses de 2021, se anunció que varios lotes bajo la administración de la empresa serían devueltos a la federación, lo que dio inicio a disputas legales.
Ante esta situación, la administración de la gobernadora Mara Lezama emprendió una sólida estrategia legal, culminando en una denuncia por posible administración fraudulenta en detrimento del patrimonio del Gobierno del Estado.
Esta denuncia fue presentada por Carlos Felipe Fuentes Del Rio, titular de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo. Fue más tarde cuando la Fiscalía General del Estado, a través de la Policía de Investigación, ejecutó la orden de cateo otorgada por un tribunal en la propiedad de la empresa, donde se incautaron presuntas pruebas.
La empresa fue constituida para celebrar contratos de venta de terrenos y bienes raíces, sobre determinados predios ubicados en el municipio de Solidaridad. El patrimonio inmobiliario de esta empresa de esquema mixto, incluye un terreno que la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU) busca reintegrar al dominio de la Nación.
Este terreno, con una superficie de 1,200 hectáreas del Fundo Legal de Playa del Carmen, podría permitir la escrituración de alrededor de 5,500 lotes para los residentes de la zona.
La lucha de los habitantes de la Colonia Luis Donaldo Colosio Murrieta en Playa del Carmen por la regulación de sus terrenos, se ha extendido durante tres décadas y lo que hoy buscan esas familias es la intervención de los gobiernos estatal y federal para poner freno a los cobros ilegales que mantienen en la incertidumbre a más de 1,500 familias sobre el estatus legal de sus viviendas.
Luces del Siglo/
