- El exfuncionario público habría simulado la entrega de obras sin concluir, pero sí pagadas y justificadas
Por su probable participación en hechos posiblemente constitutivos del delito de uso ilícito de atribuciones y facultades del servicio público, en agravio la administración pública del Ayuntamiento de Puerto Morelos, la Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, cumplimentó orden de aprehensión en contra de José Antonio “N”.
Este mandato judicial se deriva de una denuncia interpuesta por el titular de la Dirección de Investigación de la Auditoría Superior del Estado, en la que declara que en la administración municipal 2018-2021 se realizó un contrato de fecha 22 de julio de 2020 con una empresa que llevaría a cabo obras de infraestructura en dicho municipio.
Estas obras no fueron concluidas, pero sí pagadas y justificadas simulando la terminación de los trabajos, siendo el ahora detenido era el responsable de vigilar la debida ejecución; esta omisión causó un detrimento patrimonial en el Ayuntamiento de Puerto Morelos, por parte de José Antonio “N” y otros servidores públicos; el daño asciende a cerca de 8 millones de pesos.
Derivado del trabajo coordinado de la Policía de Investigación de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, el Juez de Control giró la orden de aprehensión en contra de José Antonio “N”, la cual fue cumplimentada por personal de esta representación social.
El detenido fue trasladado al Centro de Retención Municipal de Solidaridad, donde quedó a disposición de un Juez de Control, quien, en audiencia de vinculación, impuso la medida cautelar de prisión preventiva y otorgó a la defensa del imputado la duplicidad del término constitucional, por lo que el proceso se reanudará el próximo jueves 1 de febrero del presente año.
En mayo de 2022, el gobierno municipal, que actualmente encabeza Blanca Merari Tziu, denunció a la exalcaldesa Laura Fernández Piña y varios de sus colaboradores, por los delitos de peculado, defraudación a regímenes del IMSS, negligencia, desempeño irregular de funciones y uso indebido del poder.
Entre los denunciados figuran Eligio Sierra, extesorero; Raymundo Martínez, excontralor; Héctor Alcaraz, exoficial mayor; Josué Arjona, exsubsecretario de asuntos jurídicos; y Antonio Velázquez, exsecretario de Obras y Servicios Públicos.
Fernández Piña gobernó bajo las siglas del Partido Verde (PVEM) desde 2016 hasta 2021, sin embargo, renunció a su militancia en enero de 2022 en busca de la candidatura a la gubernatura de Quintana Roo por el PRD, en coalición con el PAN.
En su momento, la alcaldesa Blanca Merari dijo que el desfalco superaba los 503 millones de pesos, por impagos al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por 89 millones de pesos; al Sistema de Administración Tributaria (SAT) federal y estatal, por 18 y 39 millones de pesos, por impago de ISR e ISN; y por 37 millones de pesos en deuda con proveedores particulares.
Además, quedaron pendientes diversas obras públicas por 33 millones, se detectó una nómina inflada de mil 200 trabajadores, muchos de los cuales no se presentaban a laborar.
A ese monto se suma otra deuda, a 20 años, por poco más de 830 millones de pesos, por la firma de dos contratos –presuntamente irregulares– por la contratación de dos proyectos bajo la figura de Asociación Público Privada (APP), que comprometen al 48 por ciento las participaciones federales que el municipio debe recibir en las próximas dos décadas.
