- La iniciativa presentada en Quintana Roo busca ampliar de dos a tres meses la procedencia del juicio de desahucio en arrendamientos de casa habitación, lo que afectaría la inversión y a quienes tienen algún inmueble en renta
Este lunes, en conferencia de prensa, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Quintana Roo, expresó su preocupación y desacuerdo con la propuesta de reforma al Artículo 1003 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, que busca incrementar de dos a tres el número de mensualidades impagadas requeridas para proceder con una demanda.
Y aunque dicha iniciativa aparenta ofrecer mayor protección a los arrendatarios, en realidad propicia un entorno que favorece el incumplimiento y perjudica de manera injustificada los derechos de los propietarios, pero también generaría consecuencias como la disminución de la oferta de viviendas en alquiler.
Jovita Portillo Navarro, secretaria general del Centro empresarial Coparmex, explicó que la implementación de esta reforma podría disuadir a los inversionistas, reduciendo la oferta de viviendas en alquiler y aumentando los costos, lo cual tendría un impacto directo en la dinámica de mercado y en la economía local.
Aunado a la lentitud y deficiencias judiciales actuales que exacerbarán estos problemas, resultando en un ambiente menos atractivo para nuevas inversiones y para propietarios existentes.
“Como representantes del sector empresarial y propietarios de viviendas, deseamos expresar nuestra preocupación y desacuerdo con esa propuesta de reforma que perjudica de manera injustificada los derechos de los propietarios”, destacó Angélica Frías, presidente de Coparmex.
De acuerdo con un reporte inmobiliario en el año 2022, Quintana Roo ocupa el séptimo lugar a nivel nacional en oferta inmobiliaria digital, el subsector residencial domina la oferta inmobiliaria con un 77%.
El crecimiento de la búsqueda online de propiedades en Quintana Roo fue del 91% en comparación con el año anterior y la demanda en línea tiene una tendencia marcada hacia el subsector residencial con un 90% y el estado ha experimentado un crecimiento significativo en los precios de alquiler.
“Por las razones expuestas, instamos a los miembros de la Legislatura a considerar cuidadosamente las repercusiones de esta reforma y a buscar un equilibrio más justo que proteja los derechos e intereses de todas las partes involucradas. Les pedimos que reconsideren esta reforma, buscando medidas que equilibren protección a inquilinos y derechos de propietarios, y que incluyan mejoras en la eficiencia del sistema de justicia para garantizar un mercado inmobiliario equilibrado y próspero”, exhortó.
