- El Observatorio Legislativo de Quintana Roo convocó a la población a presentar amparos de contra las modificaciones al Artículo 24 de la Ley de Hacienda de Quintana Roo que afecta la compra venta de inmuebles
Eduardo Galaviz Ibarra, presidente del Observatorio Legislativo, recordó que la semana pasada ellos presentaron una solicitud de acción de inconstitucionalidad ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), conta esta reforma, que entró en vigor este mes y que, afirman, viola los derechos de las personas a disponer de su propiedad privada
“Como ya está en vigencia, exhortamos a las personas que están en esa situación que interpongan amparos, porque van a verse afectados en la operación de su compra venta de inmuebles”, expresó.
En este sentido, explicó que el Congreso del Estado en diciembre del año pasado introdujo un condicionamiento al Artículo 24 para la compraventa de inmuebles, en donde ahora cualquier operación inmobiliaria que se desarrolle ante un notario público tendrá que ser verificada por la autoridad fiscal, para saber si el valor de la propiedad que se está señalando es el correcto.
Indicó que este requisito, además de hacer más tardadas las operaciones inmobiliarias, que son muchas en Quintana Roo, viola el derecho y la libertad de las personas de decidir cómo vender sus bienes.
“El tema es que yo puedo acordar vender una propiedad por valor de mil pesos, aunque cueste tres mil, si yo la vendo a ese precio, es mi decisión y a la inversa”, expresó y agregó que prohibir esto invade el derecho privado.
Esta reforma, dijo, no se presentó de manera individual, sino dentro de un paquete para ejercerse en el 2024, por lo que no hay una motivación especifica y simplemente se deja entrever que es porque en algunas ocasiones, los valores de las operaciones inmobiliarias son por debajo del valor real, “pero esto es una especulación, no es una realidad general”.
“Si es porque quieren perseguir a dos o tres operaciones que dejan de hacer contribuciones, hay otros elementos, pero no es necesario afectar las libertades personales”, agregó.
Precisó que la autoridad fiscal cuenta con el impuesto predial donde se especifica el valor del inmueble, además de que se tiene una participación de peritos valuadores autorizados por el gobierno del estado.
Indicó que por parte del sector inmobiliario ya hay otros cinco amparos presentados hasta el momento; además, esperan que la asociación de peritos valuadores haga lo propio.
“Esta reforma la vemos, más que otra cosa, como una violación a la libertad de las personas, además representa una complicación para la parte de operación, que va en contra de lo que establece la constitución de una mejora regulatoria para disminuir trámites”, concluyó.
Agencia SIM
