El proyecto Calizas Industriales del Carmen (Calica) en Quintana Roo, ahora propiedad de la empresa estadunidense Vulcan Materials, era de interés del gobierno encabezado por el presidente Miguel de la Madrid (1982-1988), por lo que familiares de Pedro Joaquín Coldwell le vendieron predios que tuvieron en posesión por tres y cuatro décadas. Con este plan se logró la construcción de una dársena en Cozumel para dar paso a los transbordadores y así facilitar el abasto de productos a la isla, sostuvo el ex mandatario estatal.
Joaquín Coldwell recordó que el socio original del proyecto en 1986 era ICA y se iba a establecer en un sitio ubicado entre la caleta de Xel-Há y la zona arqueológica de Tulum. Me opuse porque se podían obstruir los ríos subterráneos que llegan a la caleta de Xel-Há. El gobierno federal buscó otro sitio y el que encontró fue ligeramente al sur de Playa del Carmen, frente a la isla de Cozumel.
Agregó que esa ubicación planteaba varias ventajas. La primera era que el impacto ambiental era menor, ya que era una zona ganadera que ya estaba dañada por esta actividad, y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes vio la utilidad de hacer un puerto de altura en ese lugar.
Declaró que al enterarse de que el proyecto de explotación de piedra caliza se haría en ese sitio, informé al gobierno federal que ahí había predios de familiares míos. Eran terrenos que tenían en posesión desde unos 30 y 40 años antes, y se podía mal interpretar el hecho. El presidente De la Madrid me dijo que avalaba mi honestidad, pero la inversión era importante para el país, ya que se iba a ganar un puerto.
Sus familiares, los Joaquín Alcérreca, tenían tres fracciones de terreno en esa zona. El predio denominado Punta Venado con título del gobierno federal de 1963 y la posesión pública, pacífica y continua por 40 años de los predios Adelita y La Rosita, que eran ranchos ganaderos, estos dos últimos fueron regularizados en los años 80 de siglo pasado por la Secretaría de la Reforma Agraria, detalló.
Los permisos que se entregaron a la empresa para el desarrollo de la explotación fueron de las secretarías de Desarrollo Urbano y de Comunicación y Transportes, así como del gobierno estatal, indicó.
Luego de la divulgación el lunes de un video de la Semarnat en el que se señala que familiares suyos se vieron beneficiados con la venta de esos terrenos, precisó: no recibí ningún beneficio personal ni lícito ni ilícito de esa operación.
Recordó que el gobierno federal exigió a ICA que se hiciera la dársena para transbordadores y, al construirse, éstos pasaron de hacer tres horas en sus trayectos a una hora, así no hay problemas de abasto en la isla, que no produce nada y todo lo obtiene de la zona continental.
Con el proyecto se ganó un puerto pero desgraciadamente Vulcan no ha compartido o contribuido con el Estado mexicano en casos necesarios, como en la importación del balastro que se requería para el tramo 5 del Tren Maya. Lo más económico era comprarlo en Cuba y traerlo a Calica, de ahí al tramo 5 era una distancia muy corta, lo que lo hacía económica y logísticamente muy barato. Calica le negó al gobierno mexicano que los barcos atracaran en sus instalaciones.
El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado que en la zona hay un ecocidio y mantiene un arbitraje internacional con la empresa Vulcan Materials, la cual reclama una indemnización de 500 millones de dólares.
La Jornada/Angélica Enciso L. Foto: José Antonio López
