Columna: Seguridad y Defensa Carlos Ramírez @carlosramirezh
A pesar de que el Gobierno actual ya debiera haber definido su agenda nacional de riesgos, la que diseñó el Centro de Información y Seguridad Nacional (CISEN) en 2015, sigue cuando menos latente. Y ahí se establece como riesgo el “derrumbe del sistema de salud”.
La agenda fue difundida en 2016 por la revista Contralínea y el contenido sigue siendo Covid, asunto de seguridad nacional un referente. La estrategia de seguridad pública y el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno lopezobradorista señalan a la seguridad nacional como la “condición indispensable para garantizar la integridad y la soberanía nacionales, libres de amenazas al Estado, en busca de construir una paz duradera y fructífera”.
En la actualidad, el efecto social y económico del virus está causando más daño al Estado y a la estabilidad que el crimen organizado.
Por ello la Ley de Seguridad Nacional vigente señala la obligación del Estado de “proteger al país frente a riesgos y amenazas”.
La agenda de riesgos del CISEN reveló desde 2015 que el país padecía la “incapacidad frente a pandemias y epidemias”. El desbordamiento del sistema de salud por infectados y muertos por el Covid-19 está siendo ya una causa deinestabilidad social que derivará pronto en protestas masivas.
Entre los escenarios de riesgo previstos por el CISEN estaba la “aparición de un virus de mayor contagio y letalidad que sea capaz de transmitirse con facilidad entre los seres humanos”. Ningún país previó la llegada del Covid-19, pero todos los sistemas de seguridad construyeron escenarios de previsión para alguno de ese tipo, inclusive hasta como parte de alguna arma bacteriológica.
Un problema de seguridad nacional requiere de protocolos de emergencia, pero parece que nadie está dibujando escenarios de corto plazo si los infectados y muertos siguen creciendo y la sociedad comienza a protestar. Si no hubo previsión, cuando menos debe haber respuestas eficaces.
ZONA ZERO
Las autoridades abrieron una caja de Pandora que podrían no tener instrumentos para cerrarla: el colapso de seguridad, salud y control de seguridad de las prisiones, sobre todo por el activismo de los cárteles dentro de los penales.
Ni la privatización ni la estatización podrán por sí mismas resolver el problema, además de que se requerirán fondos superiores a los pocos que se tienen. Sí había que fijar el tema, pero con soluciones inmediatas.
(*) Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad. seguridadydefensa@gmail.com
