- El acuerdo, que deroga y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, permite además una reorganización administrativa y crea un nuevo Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción
En el marco de su XXXIII Sesión Extraordinaria, el Cabildo de Puerto Morelos aprobó hoy el acuerdo que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, remitido por la XVIII Legislatura del Estado.
El acuerdo, aprobado en la víspera por la Legislatura, busca fortalecer el combate de la corrupción, establecer responsabilidades administrativas y promover una reorganización administrativa del Estado.
Entre otras cosas, se crea un nuevo Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción, que tendrá fundamento constitucional y legal suficiente para actuar con total apego a los principios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el combate, erradicación y sanción de actos de corrupción en la entidad.
Además, se establecen requisitos para desempeñar el cargo de magistrada o magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción, mediante un proceso distinto e independiente del Poder Judicial del Estado. Ese órgano estará integrado por cinco personas, una de las cuales asumirá la Presidencia por un periodo de cinco años con posibilidad de reelección, por una sola vez, para un periodo con la misma duración.
De la misma forma, se adicionaron disposiciones para establecer los requisitos que deben cumplir las personas titulares de los Órganos Internos de Control y homologar su duración en el cargo con el periodo del titular de la Auditoría Superior del Estado, a fin de que esté acorde con el periodo de gestión en materia de fiscalización y rendición de cuentas, responsabilidades y combate a la corrupción.
Asimismo, se otorga a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción plena autonomía como órgano constitucional autónomo, con lo que se consolidan su independencia y capacidad de acción, garantizando efectividad en la lucha contra la corrupción.
Por tratarse de una reforma constitucional, el acuerdo fue enviado a las Presidencias Municipales para que lo discutan y, en su caso, lo aprueben en sesión de Cabildo. Por la misma razón, deberá contar con el voto aprobatorio de al menos 8 de los 11 Ayuntamientos.
