El Economista/Santiago Nolasco
Crear un impuesto para la población más rica de México que ayudaría a paliar la crisis económica derivada de la pandemia de Covid-19, debería ser temporal y tendría que incluir cuatro aspectos importantes: legitimidad, credibilidad, operabilidad y efectos a mediano plazo; aspectos que van más allá de la operatividad jurídica y administrativa que requiere un impuesto.
Esta reflexión la hizo Gustavo del Ángel Mobarak, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), luego de que hace unos días se pusiera sobre la mesa la posibilidad de gravar la riqueza. Aunque no hay una iniciativa de ley para generar el impuesto a la riqueza, el coordinador del grupo de transición hacendaria, Alfonso Ramírez Cuéllar (Morena), equiparó una tasa de 2% para patrimonios de 20 a 1,000 millones de pesos, 3% de 1,000 a 2,000 millones y 3.5% de 2,000 millones en adelante. Del Ángel consideró que “para el gobierno sería una alternativa, pero sería controversial porque si no están redireccionando el gasto para paliar la crisis, cómo quieren generar un posible impuesto”.
Además el investigador del CIDE comentó que no es tan fácil medir la riqueza porque se tendrían que analizar de manera profunda los parámetros que medirán este gravamen, sin embargo, se podrían medir las grandes fortunas de las personas físicas o morales con la información que se tiene en el Servicio de Administración Tributaria, pero cuestionó: “¿a quién le asignas el impuesto, a las empresas que son propiedad de las personas más ricas o a las familias más ricas?, ¿a quién?” Gravamen a la riqueza, populista.
Patricia López Padilla, vicepresidenta de la comisión fiscal de Coparmex, aclaró que, en principio, estos patrimonios ya pagaron el Impuesto sobre la Renta (ISR). En su opinión “el tema vuelve a salir a la luz porque es interesante, además de electoral y populista. La idea surge ante la necesidad de replantear el gasto y es necesaria la aprobación de nuevas contribuciones para poder controlar el gasto”.
Consideró que equiparar una tasa de 2% para fortunas de 20 a 1,000 millones de pesos no respeta el principio de equidad, y progresividad. “No sabemos cómo será la base gravable, si es en cuentas bancarias o entrarán a tu casa a ver tu patrimonio”.
