- La secretaria de Gobierno, Cristina Torres, señala que se clarifican procedimientos y compensaciones más justas para las y los quintanarroenses
La secretaria de Gobierno, Cristina Torres, aseguró que la Ley de Expropiación, Ocupación Temporal y Limitación de Dominio del Estado de Quintana Roo tiene como principal objetivo garantizar y proteger los derechos ciudadanos, ya que clarifica los procedimientos expropiatorios y asegura compensaciones más justas.
Aclaró que, contrario a lo manifestado por voces discordantes, en el Estado no hay proyectos expropiatorios en curso y que con la aprobación de la Ley se actualiza un marco normativo notoriamente obsoleto, ya que databa del año 1978.
La XVIII Legislatura local aprobó la Ley de Expropiación, Ocupación Temporal y Limitación de Dominio del Estado de Quintana Roo a fin de contribuir a garantizar los principios de certeza y seguridad jurídica de las personas, de la garantía de audiencia y la justa indemnización.
Al respecto, Cristina Torres explicó que la nueva Ley es garantista y constitucionalmente sólida, mientras que la anterior estaba obsoleta y no explicaba de manera clara la “utilidad pública”, lo que generaba confusión.
Además, Torres Gómez destacó que en el marco de la implementación de esta nueva Ley, se trabajará en la elaboración de un reglamento que será construido con la participación y consenso de la ciudadanía.
Resaltó que con la nueva Ley, ahora la autoridad debe demostrar que la expropiación es la única opción viable y que el bien común justifica la afectación al propietario, quien contará con un procedimiento claro de expropiación, asegurando una compensación justa.
Insistió en que de ninguna manera, como se pretende hacer creer, se trata de un “cheque al portador” o un “traje a la medida”, sino que incrementa la certidumbre sobre los derechos de propiedad y clarifica que deberán entenderse por utilidad pública proyectos como hospitales, escuelas, parques industriales, etc.
El único objetivo de la Ley es ofrecer certeza jurídica a los propietarios y garantizar que los procedimientos de expropiación se realicen de forma justa, clara y transparente, priorizando siempre el diálogo y la negociación, concluyó.
