Luces del Siglo/Dalila Escobar
Una de las propuestas para integrar un plan de ayuda a la contención del flujo migratorio en México que busca llegar a Estados Unidos, es ofrecerles trabajo en nuestro país, consideró el director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons, al informar que mantiene pláticas con los contratistas del Tren Maya para solicitar que integren en las obras a un porcentaje de migrantes.
“Vamos a buscar que se tenga un porcentaje (de trabajadores) y también ver qué tan accesible es para los migrantes, porque tampoco les gusta mucho quedarse allá (en el sureste mexicano) porque todos quieren irse hacia el norte”, afirmó en entrevista, luego de la reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, en Palacio Nacional.
Sobre si se les ofrecerán a los migrantes prestaciones como seguro social, dijo que la instrucción presidencial es que “debe ser un trato humanitario”.
En la reunión con el presidente también estuvieron presentes los gobernadores de Tabasco, Adán Augusto López; y de Chiapas, Rutilio Escandón, donde se planteó el problema del desbordamiento del flujo migratorio en México, así como el diagnóstico para generar un plan a instrumentar entre diferentes instancias, principalmente el DIF.
La prioridad son los menores de edad utilizados por adultos para llegar a Estados Unidos y después abandonarlos. El director del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, señaló que instalarán 22 campamentos, de los cuales 17 estarán en Tabasco y Chiapas; en el norte cederán instalaciones del INM al DIF, que se encargará de su funcionamiento, en atención a los menores de edad.
El funcionario calculó que hay más de 5 mil migrantes menores de edad y que generalmente vienen acompañados hasta por cuatro o cinco personas, por lo que podría haber al menos 24 mil personas en estas condiciones. Aunque el DIF tiene el registro de más menores porque reciben a los mexicanos que devuelve Estados Unidos.
En la frontera norte consideran instalar campamentos en Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua, Sonora y Baja California (Tijuana). Garduño explicó que el diagnóstico del desbordamiento de la migración se debe, por un lado, a “las ofertas que el gobierno norteamericano indicó pero que están paradas”, en torno a recibir a migrantes para trámite de entrar de forma legal.
El otro punto es que “sigue vigente el título 41 que es que regresen a los extranjeros que ellos rescatan, a territorio nacional y entonces mientras continúe y no apliquen el título 8, que es que todos los rescatados tendrán que ser conducidos a su país de origen y no dejarlos en la frontera”. Añadió: “En esta condición nosotros no podemos tampoco negar el acceso a nuestro país y entonces tenemos que atenderlos con principios de política humanista”.
Los albergues están disponibles para 7 mil personas y hasta el momento se mantienen ocupados por cerca de 3 mil 500 personas migrantes. En torno a la seguridad, expuso que vigilarán los caminos usados por los traficantes de personas, que se mueven por fronteras formales y por nuevas rutas, que ponen en riesgo a los migrantes.
“El tema se está judicializando, va a haber un informe de las fiscalías para saber cuál es el resultado de estas investigaciones, pero también se van a poner a disposición de la fiscalía los vehículos y transportes en la que vayan los migrantes, con solicitud de extinción de dominio, porque es un riesgo que suceda una desgracia y ponga en peligro la integridad de 400 personas que cargan en estos vehículos y eso no podemos permitirlo”, dijo. Añadió que hay grupos criminales dedicados a este tráfico, pero están en curso las investigaciones. “Las sanciones a traficantes ni se endurecen ni se ablandan, es lo que la ley señala”, dijo.
El director del INM concluyó que “México ha sido pionero en el refugio y no habrá límite hasta donde las posibilidades del país lo permitan y las leyes lo señalen”.
La próxima reunión será antes de diez días, en la que las diferentes instancias presentarán los avances de sus propuestas.
