Rafael Pascual
A pesar de que la llamada Ley Silla fue aprobada en diciembre pasado con el propósito de garantizar el derecho de los trabajadores a contar con un asiento durante su jornada laboral, en Cancún y en todo Quintana Roo la medida se ha convertido en letra muerta.
La falta de vigilancia y sanciones efectivas ha permitido que las empresas continúen incumpliendo con esta disposición, afectando a miles de empleados en el estado.
Esta ley, que busca mejorar las condiciones laborales de quienes desempeñan largas jornadas de pie, ha quedado en el olvido debido a la falta de recursos para su instrumentación y supervisión.
Sin mecanismos claros de inspección ni sanciones ejemplares para los patrones que la ignoren, los trabajadores siguen padeciendo condiciones precarias sin que haya consecuencias para los empleadores irresponsables.
Sindicatos y trabajadores han denunciado que, como muchas otras leyes, la Ley Silla fue creada sin atender el fondo del problema: la falta de voluntad política para obligar a los empresarios a cumplir con los derechos laborales. Sin un presupuesto destinado para operativizar su cumplimiento, la medida se ha convertido en una norma de relumbrón que solo luce bien en el papel, pero que en la práctica no ha significado ningún cambio real.
Organizaciones laborales han pedido a las autoridades estatales y federales que refuercen la supervisión y establezcan sanciones efectivas contra los incumplimientos. Mientras eso no ocurra, la Ley Silla seguirá siendo otra promesa vacía para los trabajadores de Quintana Roo.
Tan solo en el caso de los trabajadores de las gasolineras, ninguno cuenta con una silla para descansar en los “tiempos muertos” y lo mismo pasa para empleados de supermercados en donde incluso, si los ven sentados les llaman la atención y pueden ser despedidos.
