- Urgen una intervención que garantice procesos judiciales con enfoque de derechos humanos y justicia real para las víctimas.
Rafael Pascual
Organizaciones civiles denunciaron el grave rezago judicial y la corrupción dentro del Poder Judicial de Quintana Roo, donde al menos 250 casos se encuentran estancados, muchos de ellos por tráfico de influencias y manipulación de pruebas, afectando a mujeres, niñas, niños y adolescentes.
La Red de Víctimas Quintanarroense y el Proyecto Inocencia Quintana Roo alertaron sobre las serias repercusiones del sistema judicial local, al que acusan de operar sin perspectiva de género y sin respetar el interés superior de la niñez.
Daniela Torres Salas, Catalina Castro Meneses, Emiliano Ramos Hernández y Wilfredo Orozco Pizano, acompañados por las abogadas Aracely Andrade Tolama y Ariadne Song Anguas, relataron ser víctimas de compadrazgos y tráfico de influencias que mantienen sus expedientes congelados.
Los afectados señalaron directamente a los jueces Mabel López Méndez y Ángel Puc Tun, y exigieron que sean investigados por favorecer a agresores y retrasar deliberadamente los procesos judiciales.
Emiliano Ramos Hernández, exdiputado local, afirmó que estuvo preso durante nueve meses debido al uso de influencias dentro del Poder Judicial. Aseguró que esta misma red de protección ha permitido que se le dé “carpetazo” a una denuncia interpuesta por su hija mayor contra la diputada Paola Moreno, sin que hasta el momento se haya fijado una audiencia.
Según Ariadne Song Anguas, activista y vocera del Colectivo Femenil Xtabay Quintana Roo, al menos 200 casos presentan evidencias de tráfico de influencias, mientras que otros 50, que involucran directamente a mujeres y menores, carecen del enfoque de derechos humanos que exigen tanto la Constitución Mexicana como tratados internacionales.
La activista también señaló que se han identificado al menos 10 casos de hombres encarcelados injustamente, a pesar de contar con pruebas de inocencia, apoyo familiar, y contra peritajes que contradicen la versión de la fiscalía.
“Esta situación constituye una forma de violencia institucional que impacta negativamente a la niñez”, advirtió Song Anguas, quien exigió una revisión profunda del actuar de jueces y fiscales, algunos de los cuales —denunció— siguen en funciones a pesar de haber violado derechos fundamentales.
Las organizaciones urgieron una intervención que garantice procesos judiciales con enfoque de derechos humanos y justicia real para las víctimas.
