- Los quejosos señalan que el dueño, Jorge Aguilar, ha declarado que “nadie lo puede tocar”, haciendo alarde de su influencia política para evadir cualquier tipo de regulación
Rafael Pascual
Habitantes del condominio Altura Residencial Cumbres, en la zona residencial Cumbres, han denunciado públicamente las afectaciones que sufren por la operación irregular de comercios ubicados sobre la avenida Huayacán, en especial el restaurante “Fish Fritanga”, propiedad del empresario y actual titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (SEDARPE), Jorge Aguilar.
Los residentes acusan que el establecimiento opera sin control sobre el volumen de música ni los horarios, generando ruido excesivo hasta después de las 3:00 de la madrugada. A esto se suma la presencia constante de clubes de motociclistas y automovilistas que utilizan la avenida para realizar arrancones, aprovechando el poco tráfico nocturno.
“El ruido, las vibraciones y el desorden ya son insoportables. Aquí vivimos personas mayores, niños, gente enferma. Esto no puede seguir así”, declaró una vecina visiblemente afectada.
Los colonos aseguran que se han entregado escritos formales a diversas instancias municipales y estatales solicitando la intervención de las autoridades sin recibir respuesta efectiva. Hasta el momento, más de 200 vecinos han firmado una solicitud para que se hagan valer los reglamentos en materia de ruido, horarios comerciales y convivencia urbana.
Lo más grave, señalan, es que el propio Jorge Aguilar ha declarado que “nadie lo puede tocar”, haciendo alarde de su influencia política para evadir cualquier tipo de regulación.
“Esto no es un ataque personal, es una exigencia legítima para que se respeten las leyes. Si tiene un negocio, que lo opere como todos: con orden y sin afectar a los demás”, expresó otro de los vecinos.
La situación ha generado alarma entre los habitantes de la zona, quienes denuncian que hace apenas tres semanas ocurrió un homicidio en las inmediaciones, lo que agrava la percepción de inseguridad. Mientras tanto, acusan que la omisión de las autoridades frente al poder económico y político de algunos empresarios, convierte los reglamentos en letra muerta.
