- Está en el limbo entre la ilegalidad, la tolerancia y el intento de las autoridades municipales de poner orden
Rafael Pascual
La confrontación entre autoridades municipales y vendedores ambulantes en la zona hotelera de Cancún ha escalado. Tras años de tolerancia institucional, el Ayuntamiento de Benito Juárez intenta ahora aplicar la ley que prohíbe expresamente el comercio informal en el Boulevard Kukulcán. Sin embargo, la reacción no se ha hecho esperar: manifestaciones, ingreso al Palacio Municipal y amenazas de bloquear el acceso a la zona turística revelan una gran tensión.
Durante mucho tiempo los gobiernos municipales permitieron -por omisión o complicidad-, que creciera el comercio informal en playas, banquetas, camellones y alrededores de plazas y hoteles.
Vendedores de artesanías, alimentos, frituras y hasta tours operan sin permisos, muchas veces acosando a los turistas o invadiendo propiedad privada, según denuncian empresarios y hoteleros.
La ley es clara. El Reglamento para el Comercio y la Prestación de Servicios en Vía Pública del Municipio de Benito Juárez, en su artículo 20, fracción VI, prohíbe otorgar permisos para el comercio ambulante o semifijo en el Boulevard Kukulcán, zona de playas y periferia lagunar. Pese a ello, durante muchos años la presencia de vendedores ha sido parte del paisaje turístico.
Ahora, con operativos coordinados por la Dirección de Comercio y Servicios en la Vía Pública, se busca retirar a quienes no cuentan con autorización. Las autoridades aseguran que las acciones se realizan de forma pacífica y sin uso de la fuerza, limitándose a exhortar al retiro.
No obstante, el conflicto social está encendido. Los vendedores se sienten desplazados y sin alternativas. Tras su irrupción en el Palacio Municipal, han amenazado con cerrar el acceso a la zona hotelera si no hay diálogo.
La situación evidencia un problema más profundo: por años se ignoró la ley, se fomentó una economía informal sin regulación y ahora este problema se pretende resolver de golpe. Si bien es necesario poner orden y garantizar la legalidad, también se deben ofrecer soluciones reales a quienes dependen de esa actividad para subsistir.
La autoridad municipal tiene el reto de aplicar la ley con firmeza, pero también con sensibilidad social. Sin medidas que permitan la reubicación, la regularización en otras zonas o la capacitación para nuevos oficios, el conflicto podría escalar a un problema mayor.
