Por Esto/Efraín Castro
Con la bandera de ‘quien la hace, la paga’, Carlos Joaquín prometió castigos para exfuncionarios del gobierno de Roberto Borge implicados en corrupción durante sus funciones; ningún acusado permanece en la cárcel. Quien la hace la paga” y “Caiga quien caiga”, fueron las frases con las que el Gobernador Carlos Joaquín impulsó su campaña para ser electo, durante ese periodo prometió la persecución legal de exfuncionarios que endeudaron a Quintan Roo.
“Vivíamos el peor de los escenarios: quienes debían servir a la sociedad se evidenciaron por su corrupción, falta de transparencia e impunidad”, subrayó Carlos Joaquín en su discurso al asumir el poder, el 26 de septiembre de 2016.
El resultado respecto a concluir su quinto año de gobierno es negativo, ya que, tras promover procesos penales contra 15 integrantes del gabinete anterior, éstos han logrado librar la cárcel por prescripción de delitos, amparos y por reparación del daño, funcionarios de su gobierno evaden sanciones severas y las denuncias de servidores públicos van al alza, con 288 en lo que va del año, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
A la fecha son cuatro los exfuncionarios que llevan su proceso en libertad, dos que han sido absueltos, nueve han logrado quedar libres por prescripción del delito o resarcimiento de los daños. Fue el 5 de mayo del 2017 cuando inició la persecución contra funcionarios de la pasada administración estatal por el delito de peculado y daño a las finanzas del estado, y las detenciones comenzaron a presentarse.
El primero en ser detenido, el 5 de mayo de 2017, fue Mauricio Rodríguez Marrufo, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) durante el gobierno de Roberto Borge Angulo, por el presunto desempeño irregular de la función pública y un daño patrimonial por 39 millones de pesos; tras pagar la reparación de daños, obtuvo su libertad.
Paulina García Achach, tras desempeñarse como subsecretaria de la Seduvi, fue aprehendida el 8 de mayo del 2017, acusada de desempeño irregular de la función pública. Tras conseguir varios amparos, el 7 de marzo de 2019 fue absuelta, luego de que un juez de control dictó el sobreseimiento de su carpeta de investigación, al no encontrar elementos para inculparla.
El exdirector de la empresa VIP Servicios Aéreos Ejecutivos SA (Saesa), Carlos Acosta Gutiérrez, fue detenido en Chetumal el 4 de julio de 2017, por el delito de desempeño irregular de la función pública, según denuncia interpuesta y abierta en el expediente 151/2017.
Sin embargo, el 1 de febrero de 2019 fue absuelto, luego de que el juez sexto de distrito determinó la prescripción de la acción penal, al considerar que es un delito de naturaleza instantánea, no continuado.
El 3 de septiembre de 2017 fue detenido Víctor Hugo Loyola Corona, exprocurador fiscal de la Secretaría de Finanzas y Planeación, acusado de desempeño irregular de la función pública, como parte del caso VIP Saesa, pero quedó en libertad tras quedar sin efecto su vinculación a proceso por orden del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito.
El 27 de noviembre de 2017, el exdirector general de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (Apiqroo), Roosevelt Ercé Barrón Barrera, fue detenido por su probable responsabilidad en la comisión del delito de desempeño irregular de la función pública, pero fue puesto en libertad y abandonó el Centro de Reinserción Social de Chetumal (Cereso) el 18 de enero de 2018, luego de que un juez federal resolvió que la FGE violó una suspensión definitiva decretada en un juicio de amparo que protegía al exfuncionario al momento de su detención.
Ana Alicia Rivera Galera, exdirectora de recursos financieros de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), fue capturada el 28 de noviembre de 2017. Se le acusó del delito de peculado.
No obstante, la exfuncionaria obtuvo el resguardo domiciliario en abril de 2018 y, mediante amparo, fue puesta en libertad el 17 de febrero de 2020, luego de que un Tribunal Colegiado de Distrito revocó el auto de vinculación a proceso.
