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La ex directora de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), Paula González Cetina, presentó la primera demanda por daños en contra del estado, después de que quedó totalmente demostrada su inocencia de todos los cargos que fueron levantados en su contra desde la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
En conferencia de prensa en Chetumal, confirmó que el lunes 2 de agosto la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) recibió la demanda, en la que señala a Rosaura Villanueva Arzápalo, titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, así como a los jueces Gonzalo Miguel Segovia Herrera y Eduardo del Valle García, además del magistrado Felipe de Jesús Solís Magaña.
“Se ha presentado una demanda en contra del estado de Quintana Roo para que sean condenados a la reparación del daño. El acto que produjo la actividad irregular y con base en el cual demando la responsabilidad patrimonial del estado lo es el proceso penal al que fui imputada, acusada e indebidamente sentenciada como culpable”, informó.
Explicó que es por haber difundido información mediática que le causó daño moral a ella, a su hijo y a su familia, luego de que fue a prisión por peculado y que instancias federales la exoneraron al no encontrar responsabilidad alguna, por lo que busca justicia. Según la demanda, la exposición y exhibición culpable de su persona ante la sociedad de todo el país, incluso en el extranjero, violó la presunción de inocencia, sin tener una sentencia firme.
A su juicio, los actos de la Fiscalía Especial fueron “solo con un afán protagónico, me presentó en sus ‘comunicados de prensa’ como culpable, estigmatizando con ello mi imagen, mi persona y mis actividades presentes y futuras”.
Junto con las actuaciones de Villanueva Arzápalo, el documento señala actos de jueces, incluso de un magistrado del Poder Judicial, cuyas decisiones quedaron demostradas ante juzgados federales que se “caracterizaron por su falta de competencia, imparcialidad e independencia”.
Ella se entregó por voluntad propia, el 3 de enero del 2018, y luego vinculada a proceso por presunto peculado, de mil 55 millones 999 mil 962 pesos. Después fue declarada culpable a tres años y 11 meses de prisión y al pago de multa de 28 mil 441 pesos. El 26 de abril del 2018 obtuvo un amparo federal que le permitió el arraigo domiciliario.
El 25 de junio de 2020 obtuvo un amparo en contra de la sentencia del juez penal, pues no se reconfiguró el delito imputado. Por orden del juez federal, la Cuarta Sala Especializada en Materia Penal en Chetumal determinó sentencia absolutoria.
