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La administración de Gustavo Miranda García al frente del Congreso de Quintana Roo, incurrió en gastos innecesarios e injustificados que solo cargaron de más el presupuesto, como la renta de tecnología Blockchain, que sigue costando 5 millones de pesos mensuales. A pesar de que lleva varios meses “operando”, la mayoría de los diputados y el personal del Congreso ni siquiera se han capacitado en el uso de la plataforma.
“Cuando lo presentó en marzo pasado, el entonces presidente de la Jugocopo, Gustavo Miranda, aseguró que con esta tecnología iba a ser posible tener un historial de cada iniciativa presentada, para saber si fue modificada o no, pero esto podía hacerse con otras opciones más baratas y hasta comprando una licencia, no rentándola, como se hizo.
Además, esta opción solo está disponible para control interno del Congreso, por lo que la ciudadanía no tiene acceso a ella”, declaró José Luis Toledo Medina, del partido Movimiento Ciudadano, una postura que fue compartida por Edgar Gasca Arceo, coordinador de Morena.
El objetivo vendido por el legislador verdeecologista era que miles de personas pudieran acceder de manera rápida a la información del Congreso, pero actualmente, la única forma en que un quintanarroense puede hacerlo es si ha presentado una iniciativa ciudadana, a través de un código QR.
Sin embargo, desde su implementación, solo se han recibido tres propuestas de reforma de ley emanadas desde los ciudadanos, por lo que dividiendo el monto pagado hasta el momento al arrendatario del programa, cada una tuvo un costo de 11.6 millones de pesos. Eduardo Galaviz Ibarra, presidente del Observatorio Ciudadano, denunció que gracias a Gustavo Miranda el Congreso gastará cada año poco más de 60 millones de pesos en esa tecnología, casi dos terceras partes de lo que el Poder Legislativo destina a ayudas sociales.
“De nada sirve tener un recurso tecnológico como Blockchain, si por ejemplo en la propia página del Congreso los informes del uso y destino de los recursos financieros más recientes datan del segundo trimestre del 2020. Es decir, seguimos sin saber en tiempo real en qué gastan el dinero de los quintanarroenses. Justo ahora, ni siquiera tenemos suficiente información del contrato de Blockchain”, declaró Galaviz Ibarra.
Caro, lento e innecesario para el Congreso Expertos en Tecnologías de la Información coinciden en que el diputado Gustavo Miranda se equivocó al contratar el sistema Blockchain para el Congreso de Quintana Roo, ya que su implementación no justifica su altísimo costo. “Entraron al hype de las administraciones públicas que no tienen idea de lo que es Blockchain, pero buscan parecer modernos y por eso lo contratan.
Si muy pocas personas utilizan o consultan la base de datos, ¿para qué gastar 5 millones de pesos mensuales en ello? La opción más barata y funcional para estos casos es actualizar su infraestructura de TI”, dice Raúl Wong Estrada, cofundador de Securizame, especializada en seguridad informática de empresas y organizaciones.
Explica que tener una bitácora inmutable que no puede ser controlada por terceras personas puede ser útil en algunos casos. Cita como ejemplo Perú Compras, a través del cual el país sudamericano utiliza Blockchain para optimizar los procesos para realizar contrataciones públicas a nivel nacional.
Desde 2019, cuando se implementó el sistema, ha registrado 154 mil órdenes de compras, con un valor de 400 millones de dólares. “O tenemos el caso de la Secretaría de Salud de Puebla, que implementó la tecnología Blockchain para garantizar la transparencia en las compras de medicamentos y contratos de infraestructura, así como en los registros médicos, registrando más de 25 mil solicitudes de información mensuales.
Ambos casos tienen en común tres cosas: un alto número de usuarios que utilizan, consultan o alimentan la información descentralizada por el Blockchain; el manejo de millones de dólares en contratos en el que participan miles de empresas o personas; así como la necesidad de que la información sea inmutable”, explica el experto.
Pero en el caso del Congreso de Quintana Roo, detalla que no era necesario descentralizar el manejo de la información, ya que no cumple con ninguno de los anteriores puntos. Añade que el número de consultas de la información del Congreso es mínimo: menos de 50 al día.
Y de nada sirve que se protejan los contratos del Poder Legislativo que involucran recursos públicos, porque éstos no están disponibles al escrutinio público; fue difícil incluso conocer el monto por el que se contrató el propio sistema.
