Novedades/Benjamin Pat Chablé Foto: Harold Alcocer
A 15 días de que Gustavo Miranda García dejó la presidencia de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso, por fin se hizo público el contrato “blockchain”, que firmó con la empresa MTZ Especialistas y Soluciones Integrales S. C.
Si bien el documento confirma que se pagó únicamente 4.9 millones de pesos (en lugar de 60 millones) a esa sociedad civil, representada por Raúl Martínez Trujillo, el contrato desvela una serie de irregularidades, no solo en el proceso de adjudicación sino en los datos plasmados en el documento.
La irregularidad más grave es que en el contrato se utilizaron los datos fiscales de una empresa totalmente distinta para la facturación del dinero público. La empresa declaró estar dada de alta ante el SAT con el Registro Federal de Contribuyentes IJF171013BG0, según la declaración 2.4 del documento.
Sin embargo, aunque se trata de un RFC válido, según el Servicio de Administración Tributaria (SAT), ese número corresponde a la empresa Interacción JF, una empresa creada en Zapopan, estado de Jalisco.
De acuerdo con el Padrón de Proveedores de la entonces Oficialía Mayor de Quintana Roo, Interacción JF S. A. de C. V. es representada por Urso Vinicio Quiroz Garfias, con domicilio en Víctor Hugo 651, Vallarta Universidad, C. P. 45110, Zapopan, Jalisco. En tanto, MTZ Especialistas y Soluciones Integrales es una empresa ubicada en calle Ajusco número 812, entre Nudo Mixteco y Quinta Privada de Ajusco, según los datos del mismo contrato y el Padrón de Proveedores de diversas instancias de Quintana Roo y otras entidades.
Pero las irregularidades no terminan en eso, sino que el contrato fue entregado a una empresa que no estaba dada de alta en el Padrón de Proveedores del gobierno. Así lo confirma el propio documento, en la declaración 1.4, en el que asienta que la adjudicación directa es resultado de la sesión ordinaria número SO/001/2021 del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicio Relacionados con Bienes Muebles del Poder Legislativo llevada a cabo el 13 de enero de este año.
Sin embargo, al momento de esa adjudicación, la empresa ni siquiera estaba dada de alta en el Padrón de Proveedores, lo cual viola la legislación local. El registro de MTZ Especialistas y Soluciones Integrales, correspondiente al número 0252 surtió efecto un día después de que se le asignó el contrato, es decir, el 14 de enero de 2021. Justo en esa misma fecha se realizó la firma.
Ese documento fue avalado por Gustavo Miranda García, como presidente de la Jugocopo y Francisco Albornoz Castillo, en su calidad de Director de Tecnologías de la Información; junto con ellos firmó Raúl Martínez Trujillo, apoderado legal de la empresa.
Como testigos participaron, Renán Sánchez Tajonar, quien era Secretario General; Eugenio Segura Vásquez, en su calidad de subsecretario de Servicios Administrativos; Benjamín Vaca González, como subsecretario de Servicios Legislativos y Marco Antonio Otero Ramírez, como director Jurídico.
Cabe destacar que el mencionado contrato venció el pasado 31 de agosto y junto con ello los derechos para el uso de licencias de un Sistema Web de Certificación Documental, el soporte técnico junto con los costos operativos Blockchain, toda vez que se estableció específicamente que es temporal, solo por 8 meses.
